La Pampa

La Cámara Civil ratificó el fallo por la sede de la UB Villa Parque

El día que los militantes del PJ retomaron la posesión de la UB Villa parque
El día que los militantes del PJ retomaron la posesión de la UB Villa parque.
La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de La Pampa confirmó el fallo de primera instancia que anuló un boleto de compraventa de la casa donde funcionaba la UB de Villa a nombre de la familia Contreras. 

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EL DIARIO digital

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 La justicia declaró la nulidad absoluta de una compraventa realizada en 2017, que había puesto una vivienda, utilizada como Unidad Básica del Partido Justicialista (PJ), a nombre de Valentín Contreras, ex dirigente partidario.

La sentencia, dictada en la causa "Partido Justicialista Distrito La Pampa c/ Contreras Martín Javier y otros s/ Acción de Nulidad", expone una compleja maniobra de ardid y engaño orquestada por Valentín Contreras.

Los Orígenes del Conflicto: Una Posesión de Tres Décadas

La historia del inmueble, ubicado en General Acha y Miguel Cané de Santa Rosa, se remonta a 1986. En ese año, el Partido Justicialista (Distrito La Pampa) adquirió el terreno mediante un boleto de compraventa del titular dominial, Sebastián Panero.

A partir de ese momento, el PJ ejerció la posesión del inmueble de forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante más de treinta años, transformando lo que era un baldío en la "Unidad Básica de Villa Parque", inaugurada en 1993. Incluso, el medidor de electricidad del inmueble estuvo a nombre del Partido Justicialista desde 1993 hasta 2023.

Sebastián Panero, el vendedor original, ratificó en sede judicial que su intención siempre fue vender el inmueble al Partido Justicialista.

La Maniobra de Valentín Contreras

Valentín Contreras, quien fue miembro activo y militante del PJ (ocupando los cargos de presidente o vicepresidente de la Unidad Básica entre 2014 y 2017), aprovechó esta posición para llevar a cabo la transferencia fraudulenta a su nombre personal.

La maniobra se concretó a través de dos actos jurídicos declarados nulos: un boleto de compraventa firmado el 20 de noviembre de 2015 y una escritura pública (Nº 136) firmada ante la escribana Valeria Charnis el 6 de noviembre de 2017.

La jueza determinó que Contreras actuó con ardid o engaño (dolo) y con pleno conocimiento de que Panero ya había vendido la propiedad al PJ. La justicia concluyó que Contreras se aprovechó de la confianza y edad del vendedor: Panero era una persona mayor (85 años en 2015, 87 en 2017), y Contreras era quien manejaba y llevaba todos los trámites de la Unidad Básica de Villa Parque.

También aprovechó el cambio de autoridades: Contreras utilizó la necesidad de firmar nuevos boletos por el cambio de autoridades de la Unidad Básica para suscribir un boleto de compraventa con Panero a su nombre personal, sin mencionar al Partido Justicialista.

Otro punto fue el precio irrisorio: la venta se realizó por la suma de $3.518,14, monto que fue calificado como un "precio vil" por la justicia. Una pericia determinó que el valor real del inmueble en noviembre de 2015 era de entre $390.000 y $490.000, lo que significa que el precio de venta solo representó el uno por ciento (1%) del valor real.

Además la Sala 3 apuntó la falta de pago y posesión: No solo no se demostró que Contreras pagara esa suma, sino que, irónicamente, Panero le prestó a Contreras $22.000 (una suma superior al precio de venta) el mismo día de la escritura, con la consigna de que era un "préstamo para escrituración edificio Unidad Básica Villa Parque". Además, se probó que Contreras nunca tuvo la posesión del inmueble.

La Decisión de la Cámara

La Cámara de Apelaciones ratificó que Valentín Contreras no pudo ser considerado un adquirente de buena fe debido a su conocimiento de la situación y a los graves vicios del acto.

La justicia concluyó que la maniobra presentaba vicios tan ostensibles que ameritaban la declaración de nulidad absoluta de los documentos, ya que afectaban gravemente el orden público, la moral y las buenas costumbres. La escrituración a título personal por parte de Contreras, mientras representaba al Partido Justicialista, afectó no solo a un interés individual, sino a un número indeterminado de afiliados y vecinos que se beneficiaron de las actividades de la Unidad Básica durante más de treinta años.

La Cámara rechazó el recurso de apelación de los herederos de Contreras y confirmó la nulidad de la compraventa y la escritura. También se rechazó la demanda de los herederos que intentaban reclamar la garantía de evicción a Sebastián Panero, dado que Contreras había actuado con conocimiento y mala fe, sin haber pagado el precio del inmueble.

Esta decisión asegura que el inmueble, poseído por el Partido Justicialista desde 1986, vuelva a su estado anterior al acto inválido, confirmando el interés legítimo del Partido para solicitar la nulidad en su carácter de poseedor y comprador que había pagado por el bien.

Martín Javier Contreras es uno de los herederos de Valentín Contreras, y por lo tanto, fue demandado en la acción judicial interpuesta por el Partido Justicialista. Su rol en el proceso fue el de defender la validez de la compraventa realizada por su padre, interponiendo recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad absoluta de la escritura.

No obstante su rol como parte demandada, Martín Contreras estaba vinculado personalmente a las actividades del inmueble en disputa. En su declaración, el mismo Martín Contreras manifestó que su padre fue presidente de la Unidad Básica entre 2014 y 2016, y que él participó en actividades en el lugar "En algún momento como asesor".

La sentencia de la Cámara consideró que la maniobra de escrituración afectó gravemente a los intereses generales, ya que se realizó a título personal cuando el inmueble representaba a la Unidad Básica, afectando a numerosos afiliados y vecinos en actividades en las que incluso Martín Contreras participó como asesor.

Además, después del fallecimiento de Valentín Contreras, los hijos, incluyendo a Martín, impidieron la entrada al inmueble a los nuevos integrantes de la lista ganadora en julio de 2021, y solo a partir de 2023, uno de los hijos solicitó el cambio de medidor de electricidad a su nombre, interrumpiendo la posesión que el Partido Justicialista había mantenido por treinta años.

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