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EL DIARIO digital
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Las instituciones educativas de La Pampa a la que asisten jóvenes y adultos mayores de 18 años, como los Institutos de Formación Docente y la Modalidad de Educación Permanente, contarán ahora con una Guía Provincial de Orientación que busca centralizar las estrategias de cuidado y prevención ante conflictos, violencias y problemáticas complejas, como armas y drogas.
Esta herramienta aclara que no es un protocolo rígido, sino un marco que permite tomar decisiones contextualizadas a las particularidades de cada territorio. La premisa central es colocar a la persona en el centro de la acción para garantizar el disfrute de los Derechos Humanos, explica la normativa.
Los firmantes de esta normativa son Marcela Feuerschvenger (Ministra de Educación), Mario Kohan (Ministro de Salud), Pascual Fernández (Ministro de Gobierno), Horacio di Nápoli (Seguridad) y Diego Alvarez (Desarrollo Social).
La normativa aplica específicamente a instituciones como los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD), las Unidades Pedagógicas y Colegios Secundarios de la Modalidad de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos (EPIA), e Institutos Tecnológicos de Educación Superior de la Modalidad de Educación Técnico Profesional.
El Rol Prioritario de la Pedagogía
La Guía subraya la necesidad de priorizar la intervención pedagógica como un complemento de otras acciones (jurídicas, sanitarias o sociales). El objetivo de esta intervención es generar vínculos democráticos basados en el respeto y la resolución pacífica de conflictos. La atención se enfoca en tres momentos clave: la prevención (antes), la intervención (durante) y el seguimiento/acompañamiento (después).
Es esencial que los equipos institucionales trabajen de manera colectiva al abordar los problemas, propone la norma. Esto incluye fortalecer los Acuerdos de Convivencia y garantizar la participación activa de toda la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, en la búsqueda de respuestas pacíficas. Además, es obligatoria la capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres (Ley Micaela) para el personal, proporcionando un marco normativo y conocimiento pleno de derechos.
Acciones Específicas del Personal Docente ante las Situaciones más Graves
Ante los escenarios de mayor riesgo, la actuación institucional —y por extensión, del personal docente— requiere pasos claros, articulando la contención interna con la intervención externa como el caso de la presencia o sospecha de armas en los establecimientos.
La presencia de armas se considera un hecho extraordinario.
- Armas de Fuego: En caso de que la tenencia o sospecha sea un arma de fuego, debe considerarse siempre como si estuviera cargada y se debe dar aviso inmediato a la Policía Provincial (101). Si se confirma, la policía será la responsable de retirarla de la institución.
- Armas Blancas o Actitud Agresiva: Si se observa un arma blanca (como una navaja o cortaplumas) y el estudiante muestra alteración o persiste en una actitud agresiva a pesar del intento de abordaje por parte de la institución, se debe dar aviso inmediato a la Policía Provincial (101).
2. Consumos Problemáticos y Sustancias Ilegales
Si un docente toma conocimiento o encuentra sustancias tóxicas en la institución, debe dar aviso a las autoridades del establecimiento educativo.
- Presencia o Venta de Sustancias: El Equipo de Gestión debe convocar a la División de Toxicomanía o a la dependencia policial más cercana para que realice el procedimiento correspondiente y analice la sustancia.
- Conversaciones de Venta: Si se sospecha venta, la charla con la persona involucrada debe ser mantenida en un ámbito privado y tranquilo, con la presencia de personal docente o directivo.
- Rol del Docente: No se espera que los docentes actúen como expertos en consumos problemáticos. Es más importante generar un diálogo interdisciplinario e intergeneracional, fortaleciendo el carácter pedagógico de la intervención y evitando la estigmatización.
3. Violencia Física (No de Género) y Protección al Docente
Violencia Física General: El personal de la institución debe evitar el contacto físico con los afectados en situaciones de violencia física. El Equipo directivo de las instituciones de gestión estatal debe elaborar un informe que se elevará a la autoridad jerárquica inmediata.
Ataques a Docentes: Si un docente es víctima de violencia que lo afecta física o psicológicamente en el ámbito educativo, el Ministerio de Educación debe comunicarle que le corresponde realizar la denuncia a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para que se cumplan las prestaciones correspondientes.
Investigaciones Administrativas: Ante un episodio de violencia donde haya intervenido un docente, se aplica el Acuerdo Paritario N° 138. Este acuerdo establece que el Ministerio de Educación debe dar tratamiento reservado a los procedimientos administrativos disciplinarios, resguardando el derecho a la intimidad y el principio de inocencia del docente investigado hasta que su situación procesal se resuelva mediante resolución firme.
Manejo de la Información y los Medios de Prensa
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