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UTELPa y la CTA rechazan adhesión de La Pampa a la Ley de Riesgos de Trabajo

Representantes gremiales pasaron por la Legislatura
Representantes gremiales pasaron por la Legislatura.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunió para debatir el proyecto de ley que busca la adhesión de la provincia al Título I de la Ley Nacional 27.348, complementaria a la Ley de Riesgos de Trabajo (24.557).

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EL DIARIO digital

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El debate estuvo marcado por el fuerte rechazo de los representantes gremiales de UTELPA y la CTA, quienes alertaron sobre la privatización de la salud laboral y la desprotección de los trabajadores.

Fueron invitados a exponer Lilia López y Noemí Tejada (CTA), y Carlos Fernández Artíco y Darío Muñoz (UTELPA).

Críticas de la CTA

La secretaria administrativa de la CTA, Noemí Tejada, recordó que el sector sindical rechaza esta normativa desde su sanción en 2017, argumentando que profundiza un modelo que traslada la gestión de accidentes y enfermedades al ámbito privado.

La dirigente hizo hincapié en que la adhesión "burocratiza los trámites de reconocimiento", al obligar a los trabajadores a pasar por las comisiones médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según Tejada, estas comisiones "rara vez revierten lo que dictaminan las ART", dejando a los trabajadores en una situación de desamparo.

Además, expresó preocupación por el plazo de 45 días que establece el proyecto pampeano para la presentación de reclamos, un punto que, recordó, fue declarado inconstitucional por la Justicia en la provincia de Buenos Aires. "Estamos frente a una ley que no beneficia a los trabajadores ni a las trabajadoras, y tampoco a los empleadores; los únicos favorecidos son los grupos aseguradores", concluyó.

Postura de UTELPA

Por su parte, el asesor letrado de UTELPA, Carlos Fernández Artíco, señaló que el texto del proyecto provincial presenta contradicciones insalvables:

Por un lado, afirma buscar la garantía de derechos, pero su objetivo real es disminuir la litigiosidad.

El asesor advirtió que la adhesión "consolida la privatización de la salud laboral" y "vulnera el principio de reparación integral frente a un daño".

Fernández Artíco finalizó señalando que el único patrimonio del trabajador es su fuerza de trabajo, y la ley debería proteger esa capacidad, no condicionar su reclamo.

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