La CPE advierte que Clarín "vulneró la soberanía política de la provincia"

La Cooperativa Popular de Electricidad  de Santa Rosa señaló que el avance de la infraestructura de la empresa del Grupo Clarín en Santa Rosa "se da por fuera de la legalidad" y que "el poder político del Estado frente a estas corporaciones no es equilibrado".

El presidente del Consejo de Administración, Manuel Simpson, alertó que el Grupo Clarín continúa instalando postes y cables en distintos puntos de la ciudad "sin autorización municipal ni los visados técnicos exigidos por la Provincia de La Pampa".

"Nosotros, como CPE, y también muchos vecinos, venimos planteando que si el tema se estaba por tratar, no tenía sentido que siguieran avanzando con el tendido antes de su aprobación. Es un argumento válido: se está discutiendo algo que en los hechos ya ocurre", señalaron desde la conducción cooperativa.

En el expediente elevado por el Ejecutivo al Concejo Deliberante —recordó— se deja constancia de que la empresa no presentó documentación básica: ni la distribución de cargos de su directorio, ni los papeles que acrediten su fusión, ni los visados técnicos que exige la normativa provincial.

"El problema es que el desarrollo de la infraestructura sigue, y eso vulnera la soberanía política de la provincia. La soberanía implica que las instituciones puedan decidir el rumbo que corresponde según los mecanismos democráticos. Si una empresa avanza sin autorización, está desconociendo esa soberanía", advirtió.

Consultados sobre la posible presión del grupo empresario, sostuvieron que "esa presión es implícita": "Es un grupo que ha presionado gobiernos nacionales desde hace más de cuarenta años, y siempre obtuvo lo que quiso,  ya sea cambiando las leyes a su favor o directamente violándolas."

Respecto de la respuesta que esperan del Ejecutivo municipal, indicaron que "la de máxima sería que se frene la obra y se desarticule lo que está fuera de la legalidad", aunque expresaron dudas sobre la capacidad del Estado para imponer límites.

Finalmente,  confirmó que junto a FEPAMCO están analizando posibles acciones judiciales. "Hay violaciones a normativas municipales. Corresponde evaluar qué recursos legales podemos utilizar, especialmente si hay terceros perjudicados", anticipó.