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EL DIARIO digital
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El escándalo por la selección del nuevo juez para el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) escaló en los últimos días a un nivel inédito, confirmando que la disputa por el cargo va más allá del mérito: es una guerra política donde se dirime el equilibrio de poder dentro del fuero penal. Cuatro de los siete aspirantes, incluidos los jueces Gabriel Tedín, Andrés Olié y Marcelo Pagano, junto al fiscal Andrés Torino, impugnaron el proceso, calificándolo de "arbitrario" y "prejuicioso".
Detrás del acuerdo cuestionado del Consejo de la Magistratura, fuentes consultadas por El Diario confirman que sobrevuela la sombra de la siempre vigente disputa entre los sectores que responden a las diferentes esferas del poder político en la provincia. El Consejo está integrado por Fabricio Luis Losi (ministro del Superior Tribunal de Justicia), Hernán Pérez Araujo (diputado provincial), Marcos Augusto González (director general de Justicia) y Marcos Paz (abogado, representante del Colegio de Abogados).
Terna Condicionada
Según confió a este diario una fuente que conoce el caso, el objetivo de la interna sería elaborar una terna "condicionada". Porque se sabe que si bien el Consejo elige los tres nombres, el poder final de nombramiento recae en manos del Poder Ejecutivo. En este marco, se señalan a tres aspirantes como los supuestos "caballos del comisario" de esta disputa de poder.
"Nadie dice nada, pero toda esta interna viene por esos tres caballos de comisarios... ¿quiénes son? Eso va a quedar más que claro en unos días", reafirmó la fuente con un dejo de misterio.
Puntajes, eje de la discusión
El corazón de la controversia radica en la notable diferencia de puntajes entre el examen escrito (que es anónimo) y el oral (donde se conoce la identidad del postulante). Los siete aspirantes al cargo son Paola Frigerio, Paula Arrigone, Gabriel Tedín, Andrés Torino, Cecilia Martini, Andrés Olié y Marcelo Pagano.
En el examen escrito anónimo, la mejor nota fue para Paola Frigerio (27 puntos). Un grupo de cuatro aspirantes -Paula Arrigone, Gabriel Tedín, Andrés Torino y Cecilia Martini- obtuvo 24 puntos. Por debajo, quedaron Andrés Olié (22) y Marcelo Pagano (21).
La situación se invirtió drásticamente en la prueba oral. Paula Arrigone escaló al primer lugar con 38 puntos; Paola Frigerio mantuvo una alta calificación (36,75), seguida muy de cerca por Marcelo Pagano con 36,50. Por el contrario, los jueces Tedín (33,50) y Olié (32,75) y los fiscales Martini y Torino (30) quedaron significativamente rezagados. Este contraste entre la prueba de conocimiento anónima y la entrevista oral, sumado a los cuestionamientos de sesgo, es el motor de las impugnaciones.
¿Y la imparcialidad?
La ola de impugnaciones se basa en la actuación del consejero Marcos Paz, representante del Colegio de Abogados. El fiscal Andrés Torino pidió la nulidad del acuerdo 1639 citando pasajes textuales de su entrevista grabada, donde Paz le manifestó tener un "prejuicio" por venir de la fiscalía ("manejan fuertemente el principio de objetividad, pero no manejan imparcialidad") y por no haber dictado sentencias.
Torino advirtió que esa posición se repitió con la fiscal Cecilia Martini (a quien Paz le dijo que su paso por la fiscalía representaba "un minus"), confirmando un trato desigual que "viola el principio de independencia judicial" y desnaturaliza el rol del Consejo.
La Independencia Judicial
La impugnación más dura, sin embargo, provino del juez Gabriel Lauce Tedín, quien apuntó directamente al presidente del Consejo, Fabricio Losi. Tedín denunció que Losi lo interrogó y cuestionó por un voto que emitió en el fallo "Gallardo" del TIP, que días antes había sido revocado por el STJ (del que Losi forma parte).
Tedín acusó a Losi de haber excedido el marco de la entrevista y de atentar "contra la independencia de criterio del juez", citando el Código Iberoamericano de Ética Judicial. El juez concluyó que fue colocado en un "dilema imposible", pues la evaluación "no se basaba en lo que respondía, sino en fallos previos emitidos" en ejercicio de su jurisdicción.
En el centro del escándalo quedan los números: mientras los exámenes escritos son anónimos, la disparidad en los puntajes de la prueba oral (Arrigone 38, Pagano 36,50) -donde sí se conoce al postulante- y las manifiestas objeciones de los consejeros en las grabaciones son la base sobre la que se asienta el masivo reclamo que ahora el Consejo de la Magistratura deberá resolver.
