"Una amenaza a la soberanía"
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
La diputada provincial Gisela Cuadrado (UCR) solicitó una audiencia al gobernador Sergio Ziliotto con el objetivo de "abordar de manera conjunta la urgente" necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental en la provincia.
En el escrito, la legisladora destacó que la problemática "se convirtió en un reclamo creciente de la sociedad, de distintos sectores y de numerosas familias", y remarcó la responsabilidad institucional de brindar respuesta a esa demanda.
La diputada consideró "indispensable" articular esfuerzos con el Poder Ejecutivo para construir un abordaje institucional y sostenido, que priorice la prevención, la atención y la inclusión social, garantizando la salud mental como eje transversal y central de las políticas públicas.
Recordó que, pese a que la Ley 2.987 creó el Observatorio Provincial de Drogas y la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad su convocatoria, el organismo no se encuentra en funcionamiento desde 2022. Esto, sostuvo, refuerza la necesidad de un trabajo coordinado entre todos los niveles del Estado..
Cuadrado destacó que estas iniciativas forman parte de una línea de trabajo legislativo basada en la realidad pampeana, que incluye proyectos como la Declaración de Emergencia en Salud Mental, la institucionalización de jornadas legislativas sobre el tema, la puesta en marcha del Observatorio Provincial de Drogas, y pedidos de informes sobre fallos judiciales que responsabilizan al Estado por incumplir la normativa vigente.
También, se suman los recientes proyectos de ley impulsados por la legisladora: declarar octubre como Mes Provincial de la Salud Mental, crear el Programa Provincial de Promoción y Asistencia Integral de la Salud Mental para el Personal Policial de Seguridad, y el Programa de Abordaje y Promoción de la Salud Mental para Trabajadores de la Educación.
Finalmente, Cuadrado subrayó que el Estado debe abordar la salud de manera integral, entendiendo que la salud mental es un derecho fundamental que debe ser garantizado a toda la población. Señaló que la respuesta estatal debe incluir la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, asegurando servicios accesibles, de calidad y con enfoque comunitario.
