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EL DIARIO digital
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El Concejo Deliberante de Catriló deberá resolver el pedido de creación de una Comisión Investigadora contra la intendenta Graciela López (y su equipo de Hacienda y Gobierno), a raíz de un cúmulo de "irregularidades verificadas en el desenvolvimiento administrativo y financiero" que, según los concejales del PRO y del FreJuä, comprometen los principios de legalidad y transparencia.
La medida, amparada en el Artículo 119 de la Ley Orgánica de Municipalidades (N.º 1597), se tomó como una respuesta severa ante la "persistencia de una conducta omisiva y opaca" del Departamento Ejecutivo, a pesar de las múltiples observaciones, pedidos de informe y sanciones previas.
La Comisión tendrá un plazo de sesenta días hábiles para investigar los hechos y emitir un dictamen, limitada al análisis administrativo, aunque deberá dar intervención judicial en caso de detectar posibles delitos.
El proyecto de resolución detalla un extenso listado de irregularidades que motivan la creación de la Comisión Investigadora. Los fundamentos se centran en el incumplimiento sistemático de normativas de contabilidad, transparencia en contrataciones y falta de respuesta a los mecanismos de control del Concejo.
El punto más grave se centra en las contrataciones directas que involucran a un proveedor que es a la vez empleado municipal jornalizado y familiar directo del Director de Ambiente Municipal.
Contrataciones con Irregularidades: El proveedor, identificado como Sebastián Paiva, no cuenta con habilitación comercial. Las órdenes de provisión fueron autorizadas por su hermano y refrendadas por las Secretarías de Hacienda, Gobierno y la Intendenta, a pesar de que la propia asesoría letrada municipal advirtió sobre las irregularidades.
Montos Excedidos: Se realizaron pagos por montos que, sumados en un mismo mes, superaban los límites establecidos para las contrataciones directas.
Fraccionamiento Artificioso: Se sospecha de la división intencional de una misma obra (Propays o Acueducto Norte) en múltiples facturas de montos similares para evitar los procedimientos de licitación más rigurosos.
En segundo lugar: el Concejo denunció una reiteración de conductas que violan la Ley de Contabilidad:
Rendiciones Rechazadas: Se rechazan rendiciones mensuales por el uso de fondos con asignación específica para otros fines sin comunicación previa, y por la falta de documentación contable de respaldo.
Contrataciones por Urgencia Falsa: Se observan contrataciones directas (por montos superiores) justificadas en supuestas "urgencias" para garantizar el agua potable, pero que un año después (a la fecha de la nota), el sistema aún no funcionaba.
Falta de Transparencia en Fondos Clave: No se informó de manera completa sobre la ejecución del Programa de Mejoramiento del Parque Automotor ($154 millones), ni se solicitaron las autorizaciones de compra exigidas, generando desconocimiento sobre el destino de esos fondos.
Otro de los fundamentos en el pedido de investigar a la jefa comunal radica en irregularidades en Personal y Pagos.
Ingresos de Personal sin Informar: Continúan produciéndose ingresos de personal a la planta municipal sin que se responda a los pedidos de informe sobre la nómina, funciones y mecanismos de contratación.
Demoras en Pagos y Austeridad: Se registraron demoras y fraccionamientos en el pago de haberes al personal municipal sin justificación, contradiciendo el discurso de austeridad del propio Ejecutivo.
Finalmente, los ediles opositores denunciaron "desconocimiento Funcional y Falta de Control"
Viviendas Sociales (Plan Mi Casa): El municipio cobró las cuotas de las viviendas sociales, pero no las depositó en la cuenta específica hasta que el Concejo Deliberante lo requirió por unanimidad.
Factura de Servicios Indeterminados: Se detectó una factura emitida por un proveedor que aparentemente no realizó trabajos, intentando cobrar servicios a nombre de otra persona, lo que reveló una "confusa y contradictoria explicación" y una "falta de control evidente" por parte de las secretarías.
El Concejo Deliberante concluyó que este "deterioro sostenido del orden institucional" exige la activación de la Comisión Investigadora para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades administrativas, políticas y/o funcionales correspondientes.
