Del rechazo al aval: el giro de di Nápoli con Clarín
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El Gobierno provincial promulgó la Ley N° 3619, publicada en el Boletín Oficial del 26 de septiembre, que declara en situación de riesgo al sistema comercial de La Pampa por tres años y suspende la radicación de ferias multipunto, conocidas como "saladitas", así como de establecimientos comerciales con múltiples puntos de venta o formatos similares.
La norma establece que, durante ese período, no podrán instalarse este tipo de ferias ni cooperativas de comerciantes que no se correspondan con galerías, centros comerciales, ferias artesanales, frutihortícolas o florales. El objetivo, según se explicó, es proteger a los comerciantes locales, pymes y emprendedores frente a prácticas consideradas como competencia desleal.
Además, se creó una Comisión Legislativa que deberá elaborar una normativa integral para regular la actividad. La futura regulación buscará garantizar la igualdad ante la ley, la trazabilidad de las mercaderías, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales, y la protección tanto de trabajadores como de consumidores.
La ley había sido aprobada en agosto por mayoría en la Cámara de Diputados provincial, con el acompañamiento de todos los bloques excepto Comunidad Organizada. Durante el debate, Daniel Lovera (FreJuPa) señaló que la iniciativa pretende "proteger el sistema comercial y laboral de nuestra provincia" y advirtió que las ferias multipunto "operan sin regulación, generan competencia desleal y exponen a riesgos a los consumidores".
Por su parte, el radical Javier Torroba reconoció el consenso en torno a la necesidad de regulación, aunque calificó a la ley como "un parche transitorio" y pidió avanzar hacia una solución definitiva. Desde el PRO, Noelia Viara expresó su apoyo a la medida al remarcar "el esfuerzo de los comerciantes y familias que cumplen con sus obligaciones y generan empleo registrado".
El rechazo vino de la mano de Maximiliano Aliaga (Comunidad Organizada), quien cuestionó que la norma "depende de la adhesión de cada municipio" y advirtió que corre el riesgo de transformarse en "un nuevo parche" si no se cumple el compromiso de control efectivo.
