Docencia: celebró la oposición a UTELPa
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
El juez civil Claudio Soto denunció por abuso de autoridad a las camaristas de la Sala 1, Marina Álvarez y Laura Torres, porque le ordenaron volver a dictar sentencia en una contienda entre particulares. El funcionario judicial le dio vistas al fiscal para que investigue la presunta comisión del delito el miércoles pasado.
La presentación ocurrió, curiosamente, en el mismo contexto en el cual una de las camaristas, Álvarez, denunciara que fue amenazada por la titular de la Fiscalía de Estado, Romina Schmidt, quien en un escrito le advirtió que si no se apartaba de un expediente afrontaría sumarios y perjuicios en su carrera judicial.
Este viernes, el juez Soto confirmó, en diálogo con LU 100, que corrió vistas a la fiscalía para que investigue si las camaristas Álvarez y Torres cometieron el delito de abuso de autoridad. Esto se inició el pasado 12 de setiembre.
El juez explicó que en una controversia entre particulares dictó sentencia, la apelaron en la cámara, y ambas magistradas le devolvieron el expediente ordenándole que dicte un nuevo fallo.
"Esto no está permitido en el código. No corresponde, la ley no lo prevé", declaró el juez Soto. "Me exigen que me expida. Yo ya lo hice, ya fallé. Ahora pretenden que dicte una resolución con determinadas pautas. Yo ya emití opinión", alegó el funcionario judicial.
Durante la entrevista, Soto aseguró que toma la situación "con calma, sabiendo que dicto mis resoluciones a conciencia, y sabiendo que no puedo dictar una resolución cuando ya he dado mi parecer. No me siento presionado ni mucho menos", completó.
Una juez que se siente amenazada
No dejó de llamar la atención en los pasillos tribunalicios que la denuncia apunte a una camarista que acaba de plantear que se sintió amenazada por la Fiscala de Estado, Romina Schmidt.
El entrevero judicial se inició con un sumario en el ámbito del Poder Judicial por atrasos en causas judiciales, que se inició hace poco más de un año contra la jueza Adriana Gómez Luna.
La causa, que derivó en la sanción de la magistrada y la posterior apelación judicial, tomó un giro inesperado: la jueza encargada del caso -y de la apelación- se sintió amenazada por un escrito de la fiscala Romina Schmidt, lo que podría derivar en una nueva investigación penal.
Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando el STJ inició un sumario administrativo contra dos juezas de la Cámara de Apelaciones: Laura Torres y Adriana Gómez Luna, por el incumplimiento reiterado de los plazos para dictar sentencias. La resolución del máximo tribunal señalaba que Gómez Luna presentaba demoras de hasta tres años en sus expedientes, afectando la "garantía fundamental" de una justicia en tiempo oportuno.
A pesar de que Gómez Luna argumentó que los atrasos se debían a una licencia por enfermedad de un año de duración, el STJ desestimó la justificación al precisar que la demora se produjo en causas sorteadas con posterioridad a su reincorporación. En su defensa, la jueza también apeló a un derecho fundamental que se encontraba en juego, el cual fue desestimado por el STJ.
Meses después, el STJ impuso una dura sanción a Gómez Luna: una multa equivalente al 25% de sus haberes y el cese de su estado judicial, lo que le impide volver a ocupar un cargo en la Justicia. La decisión fue votada por el presidente, José Roberto Sappa, y los ministros Hugo Díaz, Verónica Campo y Fabricio Losi.
La jueza había presentado su renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación, pero el STJ consideró que la sanción era aplicable de todos modos, argumentando que su conducta afectaba la "confianza de la ciudadanía en el funcionamiento del Poder Judicial".
Fue en ese momento que aparecieron las tensiones. Gómez Luna apeló la sanción judicialmente. Con la cúpula del STJ obligada a excusarse, el caso pasó por una larga lista de al menos diez magistrados que se apartaron. Finalmente, la representación recayó en la jueza de Cámara Marina Álvarez y en una abogada de la matrícula.
La situación se agravó cuando la Fiscalía de Estado, en manos de Romina Schmidt, intervino en representación del Estado pampeano y le solicitó a la jueza Álvarez que se excusara del caso. El escrito, lejos de ser un simple pedido formal, contenía una advertencia sobre la posibilidad de que la magistrada recibiera futuros sumarios.
Ante esto, la jueza Marina Álvarez se sintió amenazada y víctima de un eventual perjuicio, motivo por el cual dejó constancia en el expediente -que se tramita en el STJ- que el caso debería pasar al Ministerio Público Fiscal para que se investigue la supuesta comisión del delito de "amenazas".
