La Pampa

Regulación de Uber: taxistas no acuerdan y reclaman un cupo

 Los taxistas habían manifestado en el Concejo su rechazo al borrador anterior y el enojo por las demoras en sancionar una regulación. Hoy participaron del encuentro para dar sus opiniones sobre los cambios que se introdujeron.

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EL DIARIO digital

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Este viernes se reunió por segunda vez la Comisión Administrativa y Reglamentaciones del Concejo Deliberante de Santa Rosa para continuar con el análisis del proyecto para el Transporte Privado de Personas a través de plataformas. Los taxistas lo rechazan y exigen que se disponga un cupo para los Uber.

Los concejales santarroseños ya se habían reunido la semana pasada en el intento de unificar un proyecto para regular Uber y las aplicaciones digitales similares en la capital pampeana. Los taxistas habían manifestado en el Concejo su rechazo al borrador anterior y el enojo por las demoras en sancionar una regulación. Este viernes participaron del encuentro para brindar sus opiniones sobre los cambios que se introdujeron.

Estuvieron presentes miembros de la Cámara y representantes de Radio Taxi Centro y  La Terminal. Los taxistas se oponen al borrador que les presentaron en la mesa de la comisión. El principal punto que proponen desde los taxis es la cuestión de cupos: "Sin cupo hay saturación y no nos sirve la Ordenanza".

Los taxistas pretenden que se establezca un mecanismo para determinar cuantos Uber puede haber en función de la cantidad de habitantes de la ciudad. De la misma forma que ocurre con los taxis.

"Que la gente no llegue a fin de mes, no es excusa para que Uber funcione como quiera", alertaron.

Los concejales oficialistas y opositores consideran también introducir modificaciones a la Ordenanza de Taxis para equiparar lo máximo posible ambos servicios.

El concejal del peronismo, Francisco Bompadre, presentó un proyecto que intenta obtener el consenso con los demás bloques y lograr un dictamen unificado. Llamó la atención que el edil más cercano al intendente Luciano di Nápoli tomase la iniciativa. Es más, dejó de lado algunos puntos que contenía la propuesta de la concejala Lorena Guaiquián, que apareció visiblemente incómoda en la discusión. También el concejal oficialista Lucas Ovejero apuntó a detalles que no se tuvieron en cuenta.

En principio, el proyecto que impulsa Bomapadre, al que accedió El Diario, contiene los siguientes requisitos para los prestadores de Uber y plataformas similares:

* Se creará un registro de permisionarios del transporte privado de pasajeros.

* Tienen que ser propietarios del vehículo automotor con el que brindarán el servicio.

* Tener licencia nacional de conducir.

* Acreditar su inscripción en la plataforma electrónica o digital.

* Presentar certificado que acredite que no poseen antecedentes penales.

* No encontrarse inscrito en el registro provincial de deudores alimentarios.

* Presentar libre deuda o constancia de regularización de infracciones en el juzgado municipal de faltas.

* Contratar un seguro que contemple cobertura con daños contra terceros, al conductor y a los pasajeros, en modalidad de transporte oneroso de personas.

* Constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Rosa.

* Los permisionarios titulares de los vehículos afectados de estos servicios deben solicitar a la Autoridad de Aplicación, antes de comenzar a operar en la ciudad, el otorgamiento de un permiso municipal.

Los concejales de la oposición sumaron detalles al proyecto. Sobre todo Marcelo Guerrero y Fernanda Oddi del PRO. El radical Diego Camargo planteó varias dudas, pero no cuestionamientos en general. Pide tiempo. La tiernista Fabiana Castañiera no está en una posición cerrada y de rechazo, como es habitual.

El principal punto de conflicto es que, según los taxistas, la normativa no exige a los conductores de aplicaciones la misma carga regulatoria que al servicio tradicional. Los trabajadores reclaman que los choferes de Uber cumplan con los mismos requisitos que ellos, como carnet profesional, antigüedad de los vehículos, inscripción en la municipalidad, seguros específicos y el pago de aportes impositivos.

El conflicto se remonta a agosto de 2024, cuando la plataforma desembarcó en la ciudad. Desde entonces, el sector ha realizado protestas y caravanas para pedir la intervención del municipio. Si no se logra un acuerdo, Boccalatte adelantó que podrían endurecer aún más sus medidas de fuerza.

    

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