Venéreas: vence el plazo para cumplimentar el plan
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EL DIARIO digital
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La decisión, firmada por el presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, y los ministros Hugo Díaz y Verónica Campo, se fundamenta en una investigación que se inició a raíz de una denuncia presentada en abril de este año.
El caso fue dado a conocer por El Diario. La joven advirtió haber recibido mensajes inapropiados por WhatsApp de parte de Fuentes, lo que la hizo sentir "acosada e intimidada". La pasante adjuntó una captura de pantalla de los mensajes como prueba.
Justificaciones sin sustento
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) citó a la joven para que ratificara su declaración y luego imputó al prosecretario. Durante el proceso, Pablo Fuentes prestó declaración y reconoció el hecho. Según el sumario, intentó justificar su accionar alegando que se debió a la "suspensión de ingesta de medicación psiquiátrica", una afirmación que no pudo respaldar con ninguna prueba documental o médica.
Los jueces del STJ recalcaron que, si bien se trataba de un hecho único, el contexto lo volvía "grave". La víctima era una pasante que participaba de un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa, lo que la ponía en una situación de especial vulnerabilidad por la asimetría de poder que existía con el prosecretario, un funcionario de mayor jerarquía y con mayor estabilidad laboral.
De hecho, en las declaraciones de varios testigos incorporadas al expediente, se afirmó que Fuentes les reconoció lo sucedido, les pidió disculpas por su comportamiento e incluso uno de ellos relató que la joven había sufrido una crisis de nervios a raíz del acoso. El sumario concluyó que el comportamiento de Fuentes imposibilitó que la pasante continuara con su labor.
Un mensaje a la sociedad
El STJ sostuvo que la cesantía, la sanción más severa en este tipo de casos, busca "dar cuenta a la sociedad y al resto de la administración de que se encuentra comprometido con la generación de ambientes de trabajos sanos, libres de violencia o acoso". Los magistrados resaltaron que la conducta de Fuentes, al ser un funcionario público, resultó "manifiestamente incompatible con una adecuada administración de justicia" y que atenta contra "el respeto, dignidad y decoro" de sus inferiores.
Pablo Fuentes, un perito de siniestros viales de reconocido prestigio y con un extenso currículum laboral, había asumido como prosecretario de la Procuración General en 2017. Su renuncia, presentada antes de la resolución del STJ, tuvo lugar tras la denuncia de la pasante, confirmándose que el motivo se relacionaba directamente con un "mensaje subido de tono" a su compañera de trabajo. El hecho, según fuentes judiciales, llegó a la Procuración un día antes de que Fuentes presentara su dimisión.
