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EL DIARIO digital
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A un año y medio de radicarse la denuncia, Carbonel se sentó este lunes en el banquillo de los acusados para responder por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", que se podrían sumarse agravantes, en perjuicio de al menos dos personas con distintos grados de discapacidad que asistían a la Asociación de Padres Amigos y Protectores (APAP) de personas con discapacidad intelectual.
El debate, que se realiza a puertas cerradas por tratarse de delitos contra la integridad sexual, es presidido por el Tribunal integrado por María José Gianinetto, Carlos Federico Pellegrino y Marcelo Pagano. La acusación estará a cargo de la fiscal Andreina Montes, mientras que Carbonel será asistido por los abogados Mauro Fernández, Jerónimo Altamirano y Michel Divoy.
Carbonel, de más de 70 años, llegó a juicio con prisión domiciliaria y podría enfrentar una pena de 8 a 25 años de prisión que, de ser hallado culpable, el juez de Ejecución Penal deberá evaluar luego si está en condiciones o no de cumplirla tras las rejas por su edad y estado de salud.
El caso
El caso se conoció mediados de marzo de 2024, a raíz de la circulación de audios aberrantes entre Carbonel y algunas de las personas damnificadas. Algunos de esos audios llegaron a la intendenta de la ciudad, Fernanda Alonso, quien inmediatamente los puso a disposición de la Justicia para que se investigara la posible comisión de delitos por parte del conocido titular de APAP.
Si bien no trascendieron detalles, la investigación se centró en mujeres de cerca de 30 años, ambas con distintos grados de discapacidad y vinculadas a la institución a través de diversos abordajes, ya que parte de la población beneficiada por la institución asiste a un Centro de Día, mientras que otra reside en departamentos que fomentan la independencia de dichas personas.
La pesquisa avanzó, aunque en sus primeros pasos se mantuvieron dudas sobre el avance de la misma, ya que no era la primera vez que Carbonel era señalado en sede judicial por situaciones turbias en el Centro de Día y nunca se lo había logrado incriminar con una acusación sólida.
En este caso, la Fiscalía pudo recolectar fuertes indicios como para formalizar a Hugo Carbonel y obligar su prisión domiciliaria hasta la realización del juicio, para impedir que interfiriera en la investigación.
En esa línea, una de las damnificadas habría reconocido una relación con Carbonel. Las pericias psicológicas a las víctimas fueron claves para avanzar con el caso, y lo serían también en el juicio oral, ya que dichos estudios deben establecer si las mujeres con retraso madurativo estaban en condiciones de comprender los actos y brindar consentimiento, o no.
