Eliminación de la feria: Defensores públicos destacaron la apertura al debate del STJ 

La presidenta de la Asociación de Defensores y Defensoras Públicas de La Pampa, Antonella Marchisio, destacó la apertura al debate que realizó el Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre el proyecto de eliminación de las ferias judiciales en la provincia. Adelantó que están analizando los aportes a la iniciativa, pero también recordó que "hay una deuda histórica con el Ministerio Público de la Defensa en cuanto a la asignación de recursos".

En diálogo con El Diario, Marchisio explicó que el STJ "puso en consideración a todas las partes intervinientes en el proceso judicial para intercambiar opiniones y perspectivas" sobre el proyecto para eliminar las ferias judiciales. Y remarcó que "es algo positivo, no se está imponiendo, sino que se está abriendo a discusión".

Según indicó, las modificaciones requerirían una reforma legislativa, dado que las ferias están reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y luego se establecerían normas reglamentarias sobre la organización del trabajo, licencias y plazos judiciales. "Será objeto de una reglamentación posterior, explicó Marchisio.

La presidenta de la Asociación detalló que las y los defensores civiles y penales de toda la provincia están en comunicación para transmitir las opiniones e impresiones de cada circunscripción. En ese sentido, aclaró que "no es la misma situación la de Guatraché, General Acha, Victorica o 25 de Mayo que General Pico o Santa Rosa, ni las problemáticas que abordan civiles y penales son iguales".

Marchisio explicó que los asuntos urgentes que tramitan las defensorías —como la libertad de imputados o condenados— no distinguen entre meses de feria o no, aunque podría haber implicancias en las vías recursivas y la atención al público, especialmente en la gestión telefónica y administrativa.

"Ha sido muy importante que el STJ nos haya incluido en esta propuesta, dándonos la posibilidad de analizarla y hacer aportes, porque la decisión afectará directamente el trabajo de las defensorías, que son las más próximas a los ciudadanos a quienes se les quiere garantizar el acceso a la justicia", señaló.

Además, sostuvo que otras provincias han intentado implementar medidas similares, por lo que "es fundamental anticiparnos y analizar las implicancias prácticas, los plazos procesales y las posibles diferencias con los abogados particulares, para no afectar el derecho de defensa".

Marchisio consideró que se trata de un tema complejo y que la Asociación de Defensores busca aportar sugerencias y advertir limitaciones, con el objetivo de que cualquier reforma preserve la eficacia del sistema de justicia y el acceso igualitario para los ciudadanos.

Deuda

En este contexto de posibles cambios en el servicio de justicia, Antonella Marchisio señaló que la labor de la Defensoría Pública se ve incrementada por la cantidad de representados en causas penales y civiles, sobre todo en situaciones de crisis. Y recordó al respecto que "hay una deuda histórica con el Ministerio Público de la Defensa en cuanto a la asignación de recursos, sobre todo en el fuero penal, respecto al Ministerio Público Fiscal", añadió.

Antonella Marchisio, presidenta de la Asociación Defensoras y Defensores Públicos de La Pampa

Remarcó que la prioridad es garantizar un servicio de defensa técnica eficaz, con igualdad de recursos y condiciones para el personal: "Buscamos que el servicio se preste en condiciones óptimas, con personal suficiente y con ingresos acordes a la tarea que realiza", explicó.

Finalmente, la defensora penal alertó también sobre la disparidad en cuanto a las condiciones en que desempeñan su tarea en algunas circunscripciones. "Hay lugares donde no se crean defensorías civiles desde hace más de 15 años, otras que solo cuentan con una o dos personas para cubrir toda la circunscripción territorial. En esas defensorías se atienden reclamos por derechos básicos como alimentos, violencia, restricciones, entre muchos otros. En ese marco, La Pampa, si bien tiene pocos habitantes, es un territorio muy extenso y cada circunscripción abarca muchas localidades", concluyó.

"Espacio propio"

Las y los defensores públicos de la justicia pampeana decidieron formar una asociación que los agrupe para expresar sus necesidades ante los demás sectores con lo que trabaja. "Es un hecho histórico para la Defensa Pública, es la consecuencia de la lucha de años, de defensores y defensoras de las distintas circunscripciones judiciales que llevaron a la decisión de conformar la Asociación", sostuvo la primera presidenta de la entidad, Antonella Marchisio.

"Era necesario tener un espacio propio, una representación provincial porque nuestras necesidades, nuestros intereses y funciones son diferentes los iscales o los jueces, que se encuentran colegiados", agregó la defensora penal, ya que los jueces están dentro del Colegio de Magistrados y Funcionarios y los fiscales en la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFMPF).

El objetivo de la Asociación de Defensoras y Defensores Públicos de La Pampa es "llevar nuestros aportes, opiniones necesidades a los lugares donde corresponde que sean planteados y de la manera más adecuada, organizada e institucional", explicó Marchisio. Y resaltó el trabajo de sus colegas, a pesar de estar en desigualdad de condiciones con los demás sectores que integran la justicia. "No alcanza con el compromiso, la responsabilidad y la dedicación con la que trabajan a diario los funcionarios y los empleados, sino que es necesaria la asignación de recursos, tanto económicos como de personal, para que la defensa sea uno de los sectores más postergados de la justicia", concluyó. 

En cuanto a lo organizativo, la Asociación ya designó las autoridades y se encuentran redactando su estatuto. Antonella Marchisio es acompañada por el vicepresidente Walter Vaccaro (Defensor Penal de General Pico), la secretaría está a cargo de Claudio Martínez Salvio (General Acha) y la tesorera es Paula Arrigone (Santa Rosa). En cuanto a las vocalías, se han distribuido entre las 4 circunscripciones y soin ocupadas por Soledad Trímboli (Victorica), Alejandro Caram, Guillermo Constantino, Héctor Freigedo (General Pico), Nidia Conde (General Acha) y Marcos Messazalma (Santa Rosa). Además, Mariel Anechini, Gabriela Pregno y Manuela Rosales integran la Comisión Revisora de Cuentas.