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EL DIARIO digital
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Un grupo cercano a 90 beneficiarios de pensiones por discapacidad de Arata y Trenel viajó el viernes pasado a General Pico para actualizar sus historias médicas, pero al llegar al hotel céntrico donde habían sido citados descubrieron que los representantes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se habían retirado sin previo aviso. La situación generó malestar entre las familias y las autoridades locales, que calificaron el episodio como un hecho de "crueldad" hacia quienes dependen de ese único ingreso económico.
La convocatoria se había realizado a través de cartas documento y obligaba a los beneficiarios a presentarse en Pico el 29 de agosto. Desde Trenel viajaron entre 56 y 58 personas, mientras que desde Arata lo hicieron otras 29 en combis municipales y vehículos particulares. Incluso hubo quienes se trasladaron "a dedo" para no arriesgar el beneficio. Al arribar al Hotel Pico, los vecinos fueron atendidos por un recepcionista que les informó que los equipos de Andis se habían marchado porque "se cayó el sistema", informó el portal Pampa24.
Karen Cerrato, coordinadora de Acción Social de Trenel, explicó: "Intentamos comunicarnos con los evaluadores para transmitir que estábamos presentes, para evitar que dijeran que nuestros vecinos no se presentaron y corran el riesgo de perder sus pensiones. Pero fue imposible".
Ante la incertidumbre, desde la comuna de esa localidad se realizó un descargo grupal y luego se convocó a los vecinos a presentar descargos individuales para evitar sanciones. Cerrato señaló: "En los días previos acompañamos a las personas para que actualicen los certificados médicos y su información personal, dispusimos vales de combustibles para que viajen, hubo algunas personas que después nos enteramos que viajaron a dedo, otros se agruparon y viajaron tres o cuatro personas en auto, también pusimos autos para trasladarlos y no nos atendieron y nos dijeron que ahora realizarían las actualizaciones en setiembre".
En tanto, el intendente de Arata, Henso Jorge Sosa, se mostró indignado por la situación. "Se burlaron de la gente, no puede ocurrir esto con las personas con discapacidad", afirmó. Recordó que pretendían que se trasladara hasta Pico una vecina que "hace más de veinte años está postrada en una cama", por lo cual se labró un acta con un escribano para dejar constancia de la imposibilidad de viajar.
Agregó que se organizaron las combis municipales para garantizar la presencia de todos los notificados, ya que "sospechamos que si no concurrían les iban a sacar la pensión, por eso rápidamente le dije a la gente de Acción Social que se encarguen de contactar a los vecinos para coordinar el traslado". "No tendría que estar ocurriendo esta persecución, porque esta gente está sufriendo una persecución, cuando el Estado se debe hacer cargo de estas personas, que mayoritariamente tienen este único ingreso económico porque están impedidos de poder realizar una actividad laboral", finalizó.
"Mecanismo"
Vale destacar que el director provincial de Discapacidad, Iván Poggio, dio a conocer que "en nuestra provincia ya se presentaron casos de personas que perdieron la pensión" por malas notificaciones y explicó que, aun cuando logran restituirla, "no cobran el retroactivo correspondiente".
El funcionario señaló que en la última información de Nación se reportaron 88.000 beneficios suspendidos por "no haberse presentado en tiempo a la auditoría" y "esto demuestra que no se trató de un control, de auditar, sino de un mecanismo para dar de baja pensiones".