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EL DIARIO digital
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Este 16 de julio se cumple el quinto aniversario del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó restituir un caudal mínimo permanente del río Atuel en su ingreso a La Pampa. Cinco años después, el incumplimiento por parte de Mendoza persiste, y desde el Gobierno pampeano renovaron el reclamo, con el respaldo de un informe técnico que demuestra la disponibilidad hídrica para cumplir la sentencia.
El gobernador Sergio Ziliotto recordó el hecho con una publicación en redes sociales en la que calificó el aniversario como un "triste recuerdo para el ecocidio en el oeste de La Pampa". En su mensaje, apuntó directamente a la inacción de la Corte Suprema, a la que le reclamó medidas urgentes para hacer cumplir su propio fallo. "A cinco años del fallo histórico a favor de recuperar nuestro río, con un caudal inicial mínimo de 3,2 m³/s para La Pampa, exigimos que se haga cumplir la sentencia. Ya no hay margen: los daños ambientales se profundizan", escribió el mandatario.
En 2024, el gobierno provincial presentó un informe técnico elaborado en el seno de la CIAI pampeana, que acredita la viabilidad total del cumplimiento del fallo judicial. El estudio se basa en datos oficiales del propio gobierno de Mendoza y demuestra que el caudal del Atuel no es deficitario, y que la vecina provincia podría entregar el volumen requerido sin comprometer sus usos de riego.
El informe detalla que el incumplimiento no responde a una imposibilidad técnica, sino a una conducta deliberada de apropiación y manejo unilateral del recurso hídrico por parte de Mendoza.
Entre los datos más significativos se incluyen la existencia de sobreriego en zonas irrigadas, con el fin de recargar napas subterráneas y reducir la escorrentía hacia La Pampa; la derivación de agua hacia parcelas abandonadas o a redes sin impermeabilizar, incluso en épocas sin actividad agrícola; el llenado de reservorios: desde 2020 se pasó de 160 a 260 represas dentro del área irrigada; la entrega de caudales privilegiados a bodegas mendocinas, en al menos un caso con volúmenes superiores a los 3 m³/s, es decir, el mismo caudal que fijó la Corte para La Pampa.
El Gobierno pampeano realizó una nueva presentación judicial, en base a este informe, a la Corte Suprema en el marco de la causa iniciada en 2014, solicitando a la Corte una intervención inmediata para garantizar el cumplimiento efectivo del caudal mínimo. Asimismo, solicitó el fortalecimiento institucional del órgano de cuenca, para que la administración del río Atuel sea realizada de manera conjunta entre ambas provincias y no quede exclusivamente en manos de Mendoza.
En paralelo, el estudio fue presentado ante la Comisión Interdisciplinaria para la Defensa del Atuel pampeano (CIAI), con la participación de representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos, Ambiente, Fiscalía de Estado, UNLPam, Fundación Chadileuvú, Asamblea de los Ríos Pampeanos, diputados provinciales y autoridades locales.
El Gobierno de La Pampa insiste en que hay agua suficiente en la cuenca y que un manejo eficiente permitiría cumplir la sentencia sin quitarle agua a nadie. A cinco años del fallo, el reclamo permanece intacto: la restitución del Atuel es un derecho y una necesidad ambiental impostergable.
