Vecinos de Chakra Raíz reclamaron en Casa de Gobierno por el riesgo de desalojo

Vecinos y vecinas de la ecoaldea Chakra Raíz, ubicada en Toay, realizaron este viernes una manifestación frente a Casa de Gobierno para visibilizar la amenaza de desalojo que pesa sobre el proyecto comunitario y denunciar lo que consideran una grave vulneración de derechos. La movilización se da en el marco del reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia, que desestimó por "cuestiones técnicas" el recurso presentado por el abogado de la comunidad.

Anahí Montes, vocera del grupo, expresó que el conflicto por la tenencia de las tierras lleva más de ocho años en la Justicia y que la causa judicial comenzó en 2015 con una demanda civil de la Municipalidad de Toay. "En primera instancia el fallo fue favorable para nosotros, sin dar lugar al desalojo. Pero luego la Cámara de Apelaciones lo revirtió y ahora el STJ desestimó nuestro recurso", explicó.

El eje del reclamo se centra en la Ley Nacional 27.453 de Integración Socio-Urbana, sancionada en 2018 y prorrogada hasta 2032, que prohíbe los desalojos en barrios populares relevados. Según Montes, la comunidad de Chakra Raíz está inscripta desde el inicio en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), cuenta con certificado de vivienda único y cumple con los requisitos establecidos por la normativa. "Nos parece completamente injusto que la Justicia pampeana no acate una ley nacional que tiene plena vigencia", cuestionó.

La vocera también señaló que la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación ha instado desde 2018 a la Municipalidad de Toay a aplicar la ley y abrir una instancia de diálogo, sin obtener respuestas. "Hay una falta de voluntad política. Desde la gestión local nunca se nos dio lugar, ya hasta nos niegan el bono de leña en invierno. Este es el tercer año que ni eso nos dan", afirmó.

Actualmente, en la ecoaldea viven nueve familias en casas individuales, con otras dos viviendas en construcción y espacios comunitarios en funcionamiento. Además de habitar el terreno, los integrantes de Chakra Raíz desarrollan actividades abiertas al barrio, como talleres gratuitos, un ropero comunitario y siembra de frutales.

"Somos familias con niños que decidimos vivir de forma comunitaria y sustentable. El derecho a un hábitat digno no puede depender de caprichos políticos. En vez de promover proyectos de vida como el nuestro, el Estado elige judicializarlos y perseguirlos", denunció Montes.

El abogado de la comunidad tiene plazo hasta el 29 de julio para presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, aunque primero debe ser admitido por el propio Superior Tribunal de Justicia pampeano. "Esperamos que nos dejen llegar a la Corte. Estamos convencidos de que tenemos derecho a vivir donde estamos, y de que esa ley nos ampara", concluyó la vocera.

Desde la comunidad reiteraron su disposición al diálogo y reclamaron una solución política que reconozca el valor social, ambiental y humano del proyecto. "Con voluntad política esto sería una experiencia enriquecedora para toda la sociedad de Toay", sostuvieron. Por ahora, siguen a la espera.