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EL DIARIO digital
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El equipo de Trabajo Social del Hospital Padre Buodo de General Acha expresó su rechazo a la metodología implementada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en las recientes auditorías a personas con discapacidad, alertando por irregularidades, desinformación y un alto riesgo de vulneración de derechos.
Desde fines de junio, comenzaron a llegar cartas documento enviadas por ANDIS a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), citándolos para el 31 de julio en una dirección privada de la ciudad, con el objetivo de verificar su situación y condición de incapacidad laboral.
Las notificaciones fueron enviadas por Correo Argentino, sin articulación con instituciones locales ni información previa al sistema de salud provincial.
"Las personas llegaron al hospital con las cartas en la mano, confundidas, sin saber qué documentación llevar ni cómo proceder. Nos enteramos del operativo de manera informal, lo que genera un escenario de total desprotección para muchos usuarios del sistema", explicaron desde el equipo profesional. Y aclararon que no se oponen a las auditorías en sí, pero sí a la forma en que se están llevando adelante.
Cuestionaron la falta de coordinación con organismos provinciales, la ausencia de una mirada integral sobre las personas evaluadas, y el uso de domicilios antiguos, declarados al momento de iniciar el trámite, lo que podría dejar a muchas personas sin notificación real.
"El mayor temor es que quienes no se presenten pierdan automáticamente el beneficio, lo cual sería una medida arbitraria y sin garantías mínimas", señalaron.
Según estimaciones, unas 300 personas deberán presentarse entre las 10 y las 14 horas del mismo día, muchas de ellas con movilidad reducida o necesidad de apoyo. El lugar elegido no cuenta con las condiciones necesarias para atender esa cantidad de personas ni garantiza accesibilidad.
Frente a este escenario, el Hospital Padre Buodo comenzó un operativo de acompañamiento urgente, gestionando turnos, asesoramiento y documentación para cada persona afectada. Además, se convocó a instituciones locales para organizar un dispositivo solidario que brinde contención, abrigo y bebidas calientes el día de la auditoría.
"No naturalicemos prácticas sin empatía"
En un comunicado firmado por el Colectivo Profesional de Trabajo Social en Salud Pública, se remarcó que las personas con discapacidad o padecimientos mentales requieren apoyo familiar, institucional y profesional para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
"La metodología impuesta por ANDIS deja a muchas personas desorientadas, expuestas y en riesgo de exclusión. Como comunidad no debemos naturalizar prácticas carentes de empatía, solidaridad y perspectiva de derechos humanos. Estamos hablando de personas, vecinos y vecinas que forman parte de nuestra vida cotidiana. No deben quedar solas ante este tipo de situaciones", concluyeron.
El caso de General Acha vuelve a encender el debate sobre cómo se llevan adelante los procesos de revisión de pensiones en contextos de vulnerabilidad, y la necesidad de que se realicen con humanidad, claridad institucional y pleno respeto de los derechos adquiridos.
