PROCAAP cumplió nueve años en capacitaciones a agentes públicos provinciales
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EL DIARIO digital
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La CTA de los Trabajadores de La Pampa solicitó una audiencia urgente con todos los bloques legislativos de La Pampa para exigir la reglamentación de la Ley 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas y para dialogar sobre otros temas que afectan directamente a trabajadores y trabajadoras de La Pampa en la actualidad.
"Esta ley fue debatida con la participación de la comunidad y busca proteger la salud, el ambiente y la biodiversidad frente al uso indiscriminado de agroquímicos", afirmó la agrupación de trabajadores.
"Mientras tanto, en otras provincias se reparte agua embotellada por contaminación con agrotóxicos; se prohíben fumigaciones cerca de zonas urbanas.; profesionales de la salud alertan sobre los impactos del modelo extractivista", alertaron.
"No es una cuestión productiva: es un tema de salud pública y de derechos humanos. Producir sano, vivir dignamente. ¡La vida está primero", reclamó la CTA de los Trabajadores. Ya en noviembre del año pasado, junto a otras organizaciones, se habían manifestado en la legislatura pidiendo premura por el trámite (foto).
La Ley de Gestión Integral de Plaguicidas de La Pampa, número 3288, fue aprobada en 2020 y busca regular el uso de plaguicidas para proteger la salud humana, los recursos naturales y la producción agrícola.
La ministra de producción, Fernanda González, dijo esta semana que la normativa ya se está aplicando en diferentes municipios. Sin embargo, la demora en su reglamentación, resistida por sectores productivos de la provincia, se prolonga.
La resistencia de las patronales agrarias freno a fines del año pasado la reglamentación de la ley. Esta norma, impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto fue aprobada en noviembre de 2020 y busca dotar al Estado de un mayor poder de fiscalización sobre el uso de pesticidas y agrotóxicos.
Si bien la normativa debió reglamentarse en un plazo no mayor a 120 días posteriores a su sanción, la oposición de los sectores concentrados de la producción agraria dificultó que el gobierno provincial avanzara con la medida.
Un avance demorado
La plena aplicación de esta Ley implicaría un avance muy importante para quienes defienden una alternativa al modelo fumigador de los grandes productores vinculados al agronegocio.
De acuerdo con un estudio del investigador del Conicet Ernesto Viglizzo, en la región pampeana se viene sustituyendo el tradicional sistema productivo dual de ganadería y agricultura por un sistema de alta productividad con monocultivo, fumigación y feed-lots, muy perjudicial para el suelo y el ambiente por el uso de insumos contaminantes: fertilizantes, plaguicidas y combustibles fósiles. Los marcos normativos de la Ley de Plaguicidas apuntan a un mayor control estatal sobre esas prácticas, para evitar un mayor daño al ambiente.
Uno de los puntos que se encuentra en el ojo de la tormenta es la prohibición de fumigar por vía terrestre a 500 metros del casco urbano y a 3.000 metros en el caso de la vía aérea. Desde el agronegocio plantean que solo son necesarios 40 metros de espacio libre para la dispersión de los agrotóxicos.
Esto resulta cuestionable debido a la cantidad de casos de cáncer y otras enfermedades surgidas en poblaciones rurales cercanas a suelos fumigados. Además, los campos que quedan incluidos en ese límite de 3.000 metros no se desperdician: quedan disponibles para la producción agroecológica, permitiendo una sana convivencia entre los dos modelos de producción agraria.
La Ley de Plaguicidas exige tener en regla la documentación de los empleados, contar con la inscripción de los equipos que usan, llevar a cabo capacitaciones y cumplir con buenas prácticas agrícolas y normas de seguridad. Además, los dueños de los campos deben responder por los daños de una eventual aplicación incorrecta, planificar la aplicación en función de la distancia a zonas sensibles o pobladas, cumplir con la normativa de protección al ambiente y reducir residuos de plaguicidas.
Tras su sanción, los productores que se oponen a estas regulaciones le impusieron al gobierno provincial la conformación de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (CoProSaVe), con representantes del gobierno y de los dueños de campos. Esta suerte de "mesa de enlace" ofició de órgano institucional para evitar la reglamentación de la Ley e introducir en su texto nuevas modificaciones que continúen permitiendo las fumigaciones sin control. Finalmente, el borrador de la reglamentación que circuló el año pasado no tuvo en cuenta lo discutido en la CoProSaVe, manteniendo su espíritu original.
Modelo alternativo
El modelo alternativo al de fumigación intensiva se ve reflejado en otra ley, la 3.298, de Promoción de la Agroecología. Su reglamentación, aún pendiente, brindaría una herramienta clave para poner sobre la mesa una forma diferente de cultivar y producir.
Iñaki Esponda, productor pampeano y referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), señaló que la discusión política en La Pampa, dedicada casi exclusivamente a la discusión sobre la Ley de Plaguicidas, debe incluir también a la ley de Promoción de la Producción Agroecológica.
En su opinión, la ley de Promoción de la Agroecología es fundamental, porque sin su aplicación el sector "continuará en una posición marginal" con respecto a los grandes productores. "La intención no es ir en contra de los grandes productores, sino oponerse al modelo del agronegocio y generar la discusión hacia adentro" de los sectores rurales. "Que vean que el modelo agroecológico, además de generar más trabajo y ser más respetuoso con la propia tierra, también puede ser exitoso en términos de producción", concluyó.
