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EL DIARIO digital
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En un revés para las políticas restrictivas sobre el cannabis medicinal, el Juzgado Federal de Santa Rosa dictaminó que Pampa Fértil, un comercio local, no cometió delito alguno al vender semillas y plantines de marihuana, y ordenó la devolución de los elementos decomisados por la Policía Federal el pasado fin de semana.
Daniel Oliveto, uno de los propietarios de Pampa Fértil, celebró la decisión judicial con ironía y alivio. Contó que "la Federal nos devolvió las plantas de marihuana y las semillas. Nos las regaron y les dieron luz. Al final, la única mala es Bullrich", en referencia a la ministra de Seguridad nacional que impulsa una reducción de los permisos para el cultivo de cannabis en todo el país.
El procedimiento policial, que resultó en el secuestro de unos 40 paquetes de semillas y 26 plantines de cannabis en el local de Pampa Fértil, fue declarado irregular por el juez federal Juan José Baric. La empresa cuenta con autorización vigente del Gobierno nacional para la comercialización de estos productos.
La decisión de Baric se sustentó en un dictamen de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, a cargo de Iara Silvestre, quien determinó la inexistencia de delito y la necesidad de devolver los elementos incautados, al considerar que la Policía Federal actuó bajo el argumento de registros comerciales vencidos, ignorando una prórroga oficial de estos plazos hasta el 1 de agosto de 2025.
La Resolución INASE 300/2025 establece claramente que Daniel Oliveto y Ayelén Vitale, dueños de Pampa Fértil, tienen sus inscripciones vigentes. Esto significa que la comercialización de los productos incautados está debidamente amparada por la autorización de la autoridad de aplicación.
Para los cultivadores y activistas, este procedimiento representa una "bajada de línea" del Ministerio de Seguridad de la Nación. En agosto del año pasado, el Gobierno nacional modificó el régimen de cannabis de uso medicinal, introduciendo cambios en los requisitos de inscripción y los rangos permitidos de plantas. Entre ellos, se estableció como "requisito excluyente" para médicos y ONG's contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis, además de la indicación médica y el consentimiento informado.
Ante la falta de delito, el juez Baric resolvió archivar las actuaciones y devolver los elementos secuestrados sin más trámite, marcando un precedente importante en el marco de la regulación del cannabis medicinal en Argentina.
