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EL DIARIO digital
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El denunciado Fiscal General de la Tercera Circunscripción Judicial, Sebastián Mendiara, regresó esta semana a su puesto de trabajo en General Acha, tras la licencia por 72 días que solicitó luego que El Diario difundiera el incidente protagonizado en la localidad de Victorica ante dos policías, a la salida de un boliche.
El Superior Tribunal de Justicia presentó, el miércoles 19 de marzo, la denuncia contra el fiscal Mendiara, ante el Jurado de Enjuiciamiento, por la causal de desorden de conducta, a raíz de los hechos ocurridos en la madrugada del 9 de marzo en Victorica.
Ese día, Mendiara increpó a un policía que estaba realizando un control de rutina, a la salida de un local nocturno, y las imágenes y los dichos del fiscal quedaron registrados en un video, que fue difundido por El Diario.
Pocos días después, el fiscal tomó una licencia que ya finalizó y esta semana el funcionario judicial se reincorporó a su trabajo, mientras se define la fecha del jury.
El STJ lo denunció en función de los artículos 21, inciso 2°, y el 23, inciso 1° de la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento.
El primero de ellos dice que el desorden de conducta es una de las tres casuales de remoción de un funcionario, y el segundo define que una de las conductas que constituye desorden de conducta es la "inmoralidad comprobada por hechos concretos que acarrearen mala reputación".
El mecanismo de juzgamiento de un fiscal está previsto en los artículos 113 y 114 de la Constitución pampeana.
La denuncia fue formulada ante la secretaría del jury por el presidente del Superior Tribunal, Eduardo Fernández Mendía, y los ministros/as Hugo Oscar Diaz, María Verónica Campo, Fabricio Luis Losi y José Roberto Sappa.
De acuerdo a la Ley 313, el presidente de jury es el titular del STJ y el jurado está integrado por dos representantes del Poder Legislativo, las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama, y dos abogados de la matrícula, que ya fueron sorteados y notificados.
Los dos abogados titulares son Silvia Dolores Pérez (General Pico) y Federico Lamelo (Santa Rosa). En el sorteo también se definieron los cuatro suplentes: Cristian Sebastián Zaikoski (Bernasconi), Ramón Pérez Florez (Santa Rosa), Nicolás Emiliano Comba (Winifreda) y Miriam María Minetti (General Pico).
Problemático
Además del hecho denunciado en Victorica, el fiscal Mendiara ha protagonizado otras situaciones que marcan un perfil problemático.
Uno de los sumarios administrativos iniciados en su contra derivó en una sanción. El proceso fue instruido por el Ministerio Público Fiscal y culminó con una pena de 25 días de suspensión sin goce de haberes.
El hecho que motivó este sumario ocurrió en la ciudad de General Acha a fines de 2024. Según consta en la denuncia, efectivos policiales acudieron a un llamado al 101 alertando sobre la presencia de dos personas en actitud sospechosa. Tras una persecución, los demoraron dentro del patio de una escuela, constatando luego que uno de ellos era hijo del fiscal Mendiara, menor de edad.
Como marca el protocolo, se dio intervención a su progenitor. Fue entonces cuando Mendiara se presentó en la Unidad Regional III visiblemente ofuscado, e increpó e insultó al personal policial, "ostentando su condición de fiscal", según señala el expediente. Tras la investigación, el Ministerio Público Fiscal resolvió aplicar una sanción de 25 días sin goce de haberes. No obstante, Mendiara apeló la medida, y ahora será el Superior Tribunal de Justicia quien deberá resolver si confirma o revoca la sanción.
Este sumario es uno de los cuatro que se tramitan actualmente contra Mendiara en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Además, el fiscal enfrenta un pedido de enjuiciamiento impulsado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que lo denunció por "desorden de conducta" ante el Jurado de Enjuiciamiento. El voto fue unánime y surgió a raíz de un polémico episodio ocurrido en la localidad de Victorica.
En ese hecho, que se viralizó a través de un video difundido en redes sociales, se ve al fiscal Mendiara increpando con tono elevado a un grupo de policías, acusándolos de maltratar a menores. "Están torturando a los pibes, los están cagando a palos", se escucha decir a Mendiara, quien también utilizó expresiones agraviantes y lanzó acusaciones de corrupción. La situación generó una fuerte reacción institucional, que derivó en un sumario y en la posterior decisión del STJ de elevar el caso al Jurado de Enjuiciamiento.
Mendiara sostiene que las acciones en su contra responden a su labor en la investigación de apremios ilegales cometidos por efectivos policiales.
El fiscal también tiene expedientes por presuntos «aprietes» y «persecuciones» contra el Fiscal Adjunto Penal Juvenil, Rodrigo González, quien denunció a Mendiara ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).
González denunció ayer a Mendiara en General Acha ante la FIA. No es la primera vez que el fiscal general enfrenta cuestionamientos en ese ámbito: ya existe un expediente en su contra por malos tratos hacia dos policías de General Acha.
La tensión con entre los funcionarios judiciales escaló hasta provocar que el Fiscal Adjunto Penal Juvenil tomara licencia médica por razones psicológicas, apenas un mes y 20 días después de haber asumido el cargo, en agosto de 2023.
Los roces entre ambos fiscales comenzaron porque González nunca residió en General Acha, a pesar de que cumplía funciones en la localidad desde 2011. Esta situación habría generado múltiples reclamos por parte de Mendiara, que derivaron en un enfrentamiento y los presuntos malos tratos denunciados.
Sin embargo, otra versión indica que el conflicto entre Mendiara y González podría estar vinculado con la tensa relación del fiscal general con su superior, Mario Bongianino. Según algunas versiones, Mendiara sospechaba que González actuaba como "mensajero" de Bongianino dentro de la fiscalía.
Los problemas de Mendiara también se remontan a Eduardo Castex, donde fue fiscal adjunto desde 2018 hasta su traslado a General Acha.
Durante su gestión, Mendiara fue denunciado, en el Ministerio Publico Fiscal (MPF) de Santa Rosa, por la abogada Marcela Rita Chaves, quien acusó al fiscal de "lesiones leves agravadas con medidas de violencia de género".
Chaves contó que fue agredida por el fiscal y la secretaria del organismo judicial castense intentó borrar la grabación de una charla en el interior del edificio judicial; mientras que el fiscal argumentó que Chaves lo tomó de la corbata y él intentó tranquilizarla.
