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EL DIARIO digital
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La intendenta de Anguil, Daniela Fernández, manifestó su rechazo a las políticas del Gobierno Nacional que afectan al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y expresó su preocupación por el impacto que tendrían los recortes sobre la histórica estación experimental de la localidad.
"Nos oponemos rotundamente a las intenciones del Gobierno Nacional de disfrazar de 'modificaciones' un desarme y desfinanciamiento del INTA", expresó, quien aseguró que la medida pone en riesgo la fuente laboral de cientos de familias y amenaza décadas de trabajo científico y técnico en favor del campo argentino.
La jefa comunal recordó que el INTA Anguil lleva 70 años siendo "una herramienta imprescindible para el desarrollo agropecuario de la zona, una constante fuente de investigación e información para los distintos sectores del campo". En ese sentido, subrayó el rol clave del organismo para los pequeños y medianos productores, que "encuentran en el INTA un asesoramiento técnico fundamental para sostener su actividad".
Alertó que el recorte implicaría un fuerte golpe al entramado laboral y productivo local. "El INTA Anguil cuenta con 121 agentes, de los cuales 31 son de nuestra localidad. No pueden destruir todo, no pueden pasar la motosierra a 70 años de historia, a 121 familias que viven dignamente de su trabajo. No pueden gobernar con tanta crueldad y desprecio por los demás", sostuvo.
Finalmente, expresó su respaldo a los trabajadores del organismo y llamó a frenar "estos avances de políticas deshumanizadas":
"Preocupa y desespera la situación. Desde nuestro lugar acompañamos en la lucha a los y las trabajadoras del INTA", concluyó.
Las declaraciones de la jefa comunal se suman a una creciente ola de críticas por parte de sindicatos, trabajadores, productores agropecuarios y gobernadores provinciales ante lo que consideran un "desmantelamiento" del organismo.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, el INTA atraviesa una situación de extrema fragilidad: se paralizaron los ingresos de personal, se congelaron los fondos para funcionamiento e investigación, y se comenzó a evaluar el cierre de agencias y estaciones experimentales. A esto se suma el reciente anuncio del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley que propone transformar el organismo en una entidad autárquica con financiamiento privado, lo que generó una fuerte alarma en el ámbito rural, especialmente entre los pequeños y medianos productores que dependen del asesoramiento técnico gratuito.
