Tres años de prisión por robo a un establecimiento rural en Catriló

El Juzgado de Control de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Rosa condenó a Pablo Ricardo Funes a tres años de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de robo simple, tras ser hallado responsable del saqueo a una estancia rural ubicada a las afueras de Catriló, en octubre de 2024. Además, la jueza María Elena Grégoire declaró su reincidencia y homologó un acuerdo de juicio abreviado con el que el imputado aceptó su culpabilidad y el resarcimiento económico de $7.000.000 a la víctima.

El hecho ocurrió en el establecimiento "La María Pilar", propiedad de Alejandro Santiago Méndez, donde Funes ingresó tras romper el cerco perimetral y forzar dos accesos: la puerta de ingreso a la vivienda principal y una puerta en la fábrica de lácteos del predio. El botín incluyó $5 millones en efectivo, armas de fuego, teléfonos celulares, equipos electrónicos, ropa, elementos de uso rural, cuchillería de plata, ponchos artesanales y otros objetos de valor.

La investigación desarrollada por la Fiscalía de Delitos Rurales, a cargo de Oscar Cazenave, permitió reconstruir el hecho gracias a una extensa serie de pruebas que incluyeron inspecciones, testimonios, análisis de cámaras de seguridad y pericias técnicas. Uno de los elementos claves fue el rastreo de uno de los teléfonos sustraídos, activado días después en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, donde reside el acusado. El cruce de datos permitió identificar a Funes como usuario del equipo, lo que derivó en su detención.

En allanamientos realizados en su domicilio (foto) se encontraron prendas de vestir, entre ellas unas zapatillas que coincidían con las captadas en las imágenes del sistema de videovigilancia del establecimiento rural. También se hallaron otros elementos robados y se logró vincular la huella de calzado del acusado con las marcas halladas en la escena del delito.

Durante la audiencia de juicio abreviado, la defensa, la fiscalía y el propio imputado ratificaron el acuerdo. Funes admitió su participación en los hechos y aceptó la pena. También se informó que la víctima fue debidamente consultada, prestando conformidad con el proceso, incluido el pago de $7 millones como reparación económica, suma que ya fue transferida a la cuenta del damnificado.

La jueza valoró tanto la evidencia recolectada como la aceptación de responsabilidad por parte del imputado. Asimismo, estableció que la pena resulta razonable y proporcional al daño causado, teniendo en cuenta los antecedentes penales de Funes, que motivaron la declaración de reincidencia.

Como parte del fallo, el tribunal dispuso la restitución de algunos objetos no vinculados directamente al robo y ordenó que se informe a la víctima sobre cualquier posible beneficio carcelario que se le otorgue al condenado, como salidas transitorias, libertad condicional o prisión domiciliaria.