La Pampa

El STJ rechazó la demanda tiernista contra la RTO

La Municipalidad sale fortalecida tras otro fallo del máximo organismo judicial, con la firma de Verónica Campo (foto), en este caso contra la presentación de la concejala Nancy Castañiera.

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EL DIARIO digital

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El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa (Sala C) rechazó la demanda presentada por la concejala tiernista Nancy Castañiera, de Comunidad Organizada, contra la implementación del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Santa Rosa.

El máximo organismo judicial confirmó así la legalidad del decreto provincial N° 4676/23 y la ordenanza municipal N° 6977/23 que lo regulan. "Seguiremos avanzando en mejoras para los santarroseños, sin distracciones", afirmaron desde el Municipio.

En su resolución, el Tribunal destacó que Castañiera no impugnó en su momento los actos en sede administrativa previo a judicializar el caso, requisito esencial para habilitar la instancia judicial.

Además indicó que la RTO fue implementada por el Municipio en coordinación con la Provincia, respetando el marco normativo vigente.

El decreto y la ordenanza están firmes y no son susceptibles de revisión judicial, insistió el STJ.

El fallo, que lleva la firma de María Verónica Campo y José Roberto Sappa y del Secretario de Sala Sergio Javier Díaz, está fechado el 7 de mayo.

Desde el Municipio reafirmaron la decisión de "seguir trabajando en esta y otras políticas que ayuden a salvar vidas, al tiempo que destacaron el total apego a las normas que demuestra el fallo".

"La oposición política pretende usar a la Justicia para frenar medidas que benefician a la comunidad, pero el Tribunal dejó claro que el Municipio actuó con responsabilidad y dentro de sus facultades" afirmaron desde la Secretaría de Gobierno de Santa Rosa, a cargo de Carmina Besga.

La comuna insiste en que la RTO busca garantizar el buen estado de los vehículos que circulan en la ciudad, y así contribuir a la reducción de accidentes y contaminación ambiental.

El sistema fue implementado tras un convenio entre la Provincia y el Municipio de 2023 y comenzó a ser obligatorio a partir de 2024.

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