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EL DIARIO digital
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Un numeroso grupo de organizaciones sociales y gremiales publicaron una solicitada, en la edición impresa de El Diario, en defensa de la Docente Ana Contreras y contra la "judicialización de la enseñanza".
La docente fue acusada por el padre de una alumna porque "aun teniendo conocimiento del origen israelí de su hija, de haber vivido su infancia allí, de tener familia y amigos en la zona del conflicto", afirmó que "el presidente de Israel es una persona de derecha y por lo tanto tenía ideas retorcidas, que lo que estaba haciendo el grupo Hamas estaba bien, que todo el que vivía en Israel era un genocida o terrorista y que todo era culpa del pueblo judío", según la denuncia.
Luego, Contreras fue condenada por el juez contravencional de General Pico, Maximiliano Boga Doyhenard (foto), a la pena de 60 días-multa, equivalente a 913.800 pesos, por ser autora de la figura de maltrato psíquico a una adolescente.
Esta medida fue rechazada por las organizaciones sociales y gremiales, quienes también brindaron su "total respaldo a la trabajadora de la educación, víctima de una persecución injusta que vulnera los marcos normativos que rigen la actividad docente".
En la publicación, fundamentan esta posición en seis puntos. El primero de ellos, el rechazo a la intromisión del Poder Judicial. "Repudiamos la injerencia del poder judicial en el control y juzgamiento de las obligaciones docentes, funciones que corresponden exclusivamente a los ámbitos pedagógicos y administrativos establecidos en el Estatuto del Trabajador de la Educación (Ley 1124) y la Ley Provincial de Educación 2511. Estas normas regulan los derechos, deberes y procedimientos disciplinarios, con órganos específicos como el Tribunal de Disciplina y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (Ley 1830)", indicaron.
Luego, se refirieron a la vigencia de la Guía Provincial de Orientación y expresaron: "Ratificamos la validez de la Guía Provincial de Orientación para la Intervención en Escuelas y el Área de Mediación Escolar, herramientas claves para resolver conflictos en la comunidad educativa".
En tercer lugar, apuntaron a la inaplicabilidad del Código Contravencional porque "carece de competencia para intervenir en asuntos educativos. Su fallo ignora la normativa específica del sector y estigmatiza la labor docente, aplicando un marco legal ajeno a la complejidad pedagógica".
En cuarta posición, hicieron una defensa de la Libertad de Cátedra y Derechos Constitucionales y exigieron "el respeto a la libertad de cátedra, el derecho a enseñar y aprender con verdad, y la no discriminación (art. 14, 16, 18 y 19 de la Constitución Nacional). La criminalización de docentes atenta contra estos principios y la autonomía escolar".
El quinto punto de la argumentación fue la falta de imparcialidad judicial ya que la sentencia estuvo "influenciada por un conflicto geopolítico externo, que descontextualiza el rol educativo de la docente".
Finalmente, ratificaron el compromiso con la Educación Pública. "Reafirmamos nuestro apoyo a una escuela pública, democrática e inclusiva, y demandamos la absolución inmediata de Ana Contreras. La educación no se resuelve en los tribunales, sino con diálogo, respeto a las normas sectoriales y garantías para docentes y estudiantes. ¡Basta de criminalizar la enseñanza! ¡Justicia para Ana Contreras!", concluyeron.
Apoyo
Las organizaciones sociales y gremiales que firmaron la solicitada son UTELPa; CTERA; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; CELS; SUTEBA; ATEN (Neuquén); UTE (Caba); UEPC ( Córdoba); UtRE (Chaco); Sute ( Mendoza); ADP( Salta); AGMER(Entre Ríos); AMP La Rioja; AMSAFE ( Santa Fe); ASDE (San Luis); ATECA (Catamarca); ATECH (Chubut); UNTER (Rio Negro); AMET; CONADU; Ademys; ADU La Pampa; ATE L.P.; CTA de las/los trabajadores; CTA Autónoma; APINTA; SITRASAP; SiTEP L.P.; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Mov. Pop. Pampeano por los Derechos Humanos; Multisectorial 24 E; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Red x el Derecho a la Identidad La Pampa; HIJOS La Pampa; Memorias Maricas Pampeanas; Red por el Derecho a la Identidad; Mesa de Trabajo por los DDHH Córdoba; Colectivo de Detenidos Desaparecidos Sobrevivientes de ABO; MultiSectorial DDHH Avellaneda; Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia; APDH La Matanza; APDH Mendoza; APDH Neuquén; APDH Reg. Río Tercero, Córdoba; Asamblea DESOBEDIENTES; Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; Asoc. Civil Grupo Gesta; Asoc. de ex detenidos-desaparecidos ( A.E.D.D); Asociación Buena Memoria; Cineclub Rata; Colectiva Feminista Abolicionista Todas Somos Andrea; Colectivo por la Memoria; Comisión Memoria Verdad y Justicia de Zona Norte; Comisión Vesubio y Puente 12; Coop Visión 7. Mujeres por la Solidaridad; Foro Pampeano por el Derecho al Aborto; Docentes en Marcha; Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial de Santa Fe; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Santa Fe; Familiares de Detenides Desaparecides de Lanús; Familiares y Compañeros de los 12 de Santa Cruz; Historias Desobedientes; Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina; entre otras.