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EL DIARIO digital
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Un hombre condenado por abuso sexual no fue hallado en su domicilio cuando su sentencia quedó firme y fueron a detenerlo. El imputado transitó el juicio en libertad por la negativa de la jueza Alejandra Ongaro a dictar la prisión preventiva, pedida tanto por la fiscal de la causa como por la querellante. La abogada Aldana Prost criticó "los tiempos excesivos que la justicia penal se toma para resolver, sumado al fuerte garantismo penal de los jueces". Según pudo saber El Diario, hubo, por lo menos, otros dos casos similares con diferente resolución.
A fines del mes de abril del corriente año, la policía de Toay fue a buscar a un hombre condenado a 8 años de prisión por abuso sexual agravado contra una de las hijas de su pareja (con la que sigue vinculado), pero no lo encontró en el domicilio registrado.
El acusado estuvo en libertad durante todo el proceso, a pesar de los pedidos de prisión preventiva solicitados tanto por la fiscal Cecilia Molinari como por la querellante, Aldana Prost.
"En 2023 comienzo a intervenir en este caso con las personas que hoy tienen la guarda de la niña que fue víctima de este hombre. Desde que comenzó el proceso, el acusado estaba en libertad, ya que la víctima tardó un tiempo en poder ir a una cámara Gesell, por no encontrarse aún lista para relatar lo sucedido", contó Prost a El Diario.
La abogada detalló además que "en el transcurso de la investigación se comprobó que el abuso era agravado, es decir, que existía lo que coloquialmente se conoce como "violación". Por eso la condena fue de 8 años, más alá de que se pidieron 12 años en el juicio".
"En este caso, -continuó la querellante- teniendo en cuenta el contexto de violencia del condenado con su grupo familiar (el organismo administrativo le retiró todos sus hijos por extrema violencia), se pidió en el juicio junto con la fiscal la prisión preventiva. No nos hicieron lugar. Esta persona tenía denuncias por violencia contra su pareja incluso. Que era un violento estuvo siempre acreditado".
El juicio terminó el 5 de septiembre de 2024 y la sentencia se leyó el 19 de ese mismo mes. "Recién el 7 de febrero de 2025 tuvimos la audiencia con el TIP, por cuestiones de agenda del tribunal. Intentamos cuestionar, pedir adelantamiento y nada. El TIP se tomó casi 3 meses para dictar la sentencia, que salió el 25 de abril de 2025", puntualizó Prost sobre la decisión de los jueces Mauricio Piombi y Filinto Rebechi.
Los jueces del TIP, Mauricio Piombi y Filinto Rebechi.
"Desde que finalizó el juicio y la orden de detención pasaron 7 meses y 20 días. Tiempo más que suficiente para planear una fuga. Pedimos dos veces la prisión preventiva y nos la negaron porque el imputado no tenía medios económicos para fugarse. Evidentemente, el no tener dinero no sería un justificativo para que permanezca en libertad porque así y todo logró escapar a la detención", manifestó la abogada santarroseña. Y completó "hoy tiene orden de captura nacional e internacional porque el día que fueron a buscarlo a su domicilio, no estaba. ¿Cómo le explica esto la justicia a las familias que denuncian hechos de esta naturaleza?"
Tiempos excesivos
Prost, abogada dedicada a los casos de género y violencias, consideró también que "los tiempos excesivos que la justicia penal se toma para resolver, sumado al fuerte garantismo penal de los jueces y las juezas que deben condenar a quienes cometen delitos que destruyen la vida de niños, niñas y adolescentes y de sus familias, hacen que hechos de violencia sexual queden sin justicia e impunes por la demora en tener una resolución".
Sostuvo también que "existe el mito que indica que 'por la perspectiva de género todo es contra los hombres', me canso de escucharlo cuando la gente habla sin saber, sin vivirla de adentro. Quienes litigamos acompañando víctimas de delitos que implican violencia sabemos que no es así. La justicia nos pide pruebas irrazonables para acreditar hechos que ocurren puertas adentro y en total impunidad y soledad, y que el principio de inocencia es casi absoluto cuando vamos al litigio penal, aun cuando luego pase lo que sucedió en este caso".
La abogada Aldana Prost fue querellante en la causa.
Expresó además que "veo todo el tiempo niños y niñas con la vida totalmente rota por hechos horribles de violencia sexual, familias colapsadas no logrando seguir con sus vidas, mientras que los responsables de esto están, en el mejor de los casos, cómodos en sus casas con una tobillera, cuando no están libres pudiendo seguir con su día a día".
"Pedimos en cada audiencia, incluso por favor apelando a la humanidad que debería tener la justicia en estos casos, que dicten las resoluciones en plazos razonables, y en un hecho grave y probado se toman meses para dictar una sentencia", concluyó.
Un capturado y otro prófugo desde 2022
El caso de Toay surgió luego que se produjera la captura de un condenado por abuso sexual en provincia de Buenos Aires, pero también surgió un caso que aún no tiene resolución desde hace 3 años.
En los primeros días de mayo del corriente año, un hombre de 52 años fue capturado por personal policial de la localidad bonaerense de Treinta de Agosto, en el partido de Trenque Lauquen, quien era buscado por la Justicia de La Pampa por una causa de abuso sexual. La orden de detención había sido emitida por el Fuero Penal de la ciudad de Santa Rosa.
Según detalló el portal Infoecos, Claudio Fabián Rojo, quien fue localizado mientras trabajaba en un establecimiento rural de la zona. La aprehensión se concretó tras tareas de investigación por parte de la Policía bonaerense, que logró dar con su paradero y proceder a su detención.
Rojo quedó alojado en los calabozos de la Comisaría de Treinta de Agosto y, una semana después, fue trasladado a La Pampa. Si bien no se lo consideró prófugo, el condenado no se encontraba en el lugar que había declarado como domicilio, a donde lo fueron a buscar cuando quedó firme la condena a 12 años de prisión por abuso sexual, en una causa donde intervino el fiscal Walter Martos.
El otro caso es el más grave: un hombre de Eduardo Castex, ambulanciero de profesión, fue sentenciado en septiembre de 2021 a 8 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante. En el caso intervino el fiscal Cristian Casais y la víctima era una menor y también familiar del acusado.
Cuando se obtuvo el "doble conforme" en el Tribunal de Impugnación Penal y antes que la pena quedara ejecutable, el condenado se fugó. Es decir, desde 2022 el condenado está prófugo a pesar de las consultas con la policía de la provincia, del país y de Interpol para tratar de ubicarlo.
