El Tribunal de Cuentas cuestionó el vínculo entre una funcionaria y una fundación

El Tribunal de Cuentas de La Pampa detectó una posible incompatibilidad funcional en el otorgamiento y control de un subsidio estatal. Si bien aprobó la rendición de cuentas presentada por la Fundación Wetraché —que había recibido un subsidio de 8 millones de pesos por parte del Ministerio de Desarrollo Social para proyectos de contención y reinserción de niños, niñas y adolescentes—, el organismo consideró necesario dar intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

El foco de la observación estuvo puesto en la figura de María Marta Viglino, actual Subdirectora General de Restitución de Derechos de Niños y Niñas sin cuidados parentales, quien desempeña funciones en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Según la documentación oficial, Viglino figura como persona autorizada para conducir un vehículo de la fundación y mantiene un vínculo directo con la organización: fue una de sus fundadoras, sigue colaborando activamente con sus actividades y, además, es cónyuge del presidente de la entidad.

Para el Tribunal de Cuentas, estas circunstancias podrían configurar una situación de incompatibilidad, ya que la funcionaria pertenece a la repartición estatal que controla y articula convenios con la fundación beneficiada, lo que pone en duda su imparcialidad o, al menos, genera una apariencia de conflicto de intereses.

"La institución tiene un vínculo específico con el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la Ley N° 2703, donde la cartera resulta autoridad de aplicación, y la Subdirectora presta tareas de contralor sobre el funcionamiento de instituciones vinculadas", señala la sentencia N° 1149/2025. "No puede exigirse a un funcionario público menos obligaciones que las que se demandan a cualquier otro agente del Estado", agrega.

El fallo también recordó que tanto la Ley Provincial N° 643 como la Ley Nacional de Ética Pública N° 25.188 prohíben a funcionarios públicos tener vinculaciones operativas o familiares con instituciones sobre las que tienen injerencia directa, ya sea mediante funciones de contralor, administración o relación contractual.

Aunque el vehículo observado ya no forma parte del patrimonio de la fundación, el Tribunal consideró que el fondo del asunto excede ese hecho puntual y radica en el vínculo estructural entre una funcionaria estatal y una organización que recibe fondos públicos y es fiscalizada por el área donde presta funciones.

Por todo esto, el Tribunal resolvió aprobar las erogaciones del subsidio, pero remitir copia del expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que actúe en el marco de sus competencias. La sentencia fue dictada el 30 de abril y lleva las firmas de la presidenta del Tribunal, María Alejandra Mac Allister; el vocal José Carlos Moslares; y la secretaria Patricia Primucci.

A fines de abril, cuando los funcionarios de Desarrollo Social fueron a la Legislatura a dar explicaciones por los subsidios a fundaciones, la diputada radical Gisela Cuadrado había anticipado que iba a presentar una nota ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que "evalúe y dictamine sobre la posible incompatibilidad de funciones de una de las funcionarias mencionadas", en referencia a Viglino.