Ziliotto se reunió con intendentes por el cierre de sucursales del Nación

El gobernador Sergio Ziliotto se reunió por la mañana este martes en Casa de Gobierno con ocho de los nueve intendentes de las localidades donde se cierran las sucursales del Banco Nación. Seis de las nueve sucursales que cierra el Banco Nación están en localidades gobernadas por intendentes de la UCR y el PRO. Tres en pueblos de gestión peronista.

La reunión es algo coordinado entre los intendentes y el gobierno provincial.  Casa de Gobierno pretende tener información de primera mano, saber cómo impacta la medida, y conseguir respaldo en su puja con el gobierno nacional que aplicó la motosierra. Los jefes comunales habían invitado a los trabajadores de las sucursales al cónclave, pero la gerencia de la entidad crediticia les prohibió viajar.

La mayoría de los intendentes reconoce que el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos no es justificativo para el cierre de las sucursales. El único intendente que no participó del encuentro es el de Guatraché, Sergio Arrese. Estuvieron los opositores Abel Sabarots de Acha, Hugo Kenny de Victorica, Mónica Curuchet de Castex, Agustina García de Alvear, Gustavo Salvadori de Luiggi y Mónica Stadler de Colonia Barón también los peronistas Germán Rauschenberger  y Adriana García de Bernasconi, Winifreda y Bernasconi.

Por su parte, los legisladores de la UCR le han pedido a Ziliotto que de marcha atrás con la alícuota por cuatro meses para el aporte solidario obligatorio, para intentar convencer luego a las autoridades nacionales de no cerrar las puertas de las sucursales. Los legisladores del PRO directamente lo culpan de la situación.

Este martes llamó la atención que antes del encuentro la intendenta del PJ, Adriana García, de Winifreda, sugiriera que el gobernador "dio el pie" para el proyecto privatizador de la entidad crediticia que tiene en carpeta Milei. "Hay algunos intendentes de la oposición que lo defienden más que los propios al gobernador", dijo uno de las personas convocadas al cónclave.

En seis de las nueve localidades donde se aplicó la motosierra, con el anuncio del cierre de las sucursales del Banco Nación, gobiernan intendentes de la oposición, de la UCR y el PRO. Solo en tres, intendentes peronistas. Algunos de los intendentes opositores, como Abel Sabarots o Hugo Kenny, fueron de los pocos del sector que se jugaron abiertamente en campaña y sostuvieron que Milei era su «límite» y no lo iban a votar.

Antes de ingresar al encuentro, Sabarots manifestó su preocupación ante el cierre de la sucursal y recordó que, en el caso de General Acha, es de 1.909 y funciona en el edificio actual de 1.922. "El cierre afecta a 10 trabajadores, personal contratado, de limpieza y demás y, sobre todo, al ser un banco de fomento y desarrollo, es muy importante para el sur de la provincia", dijo en declaraciones a la prensa.

 "Estamos muy preocupados. Y planteamos la necesidad de que se busque una solución. Ya pasó con el Correo, pero ahora, es con un instrumento crediticio y de fomento, como es una entidad bancaria. Junto al Banco de La Pampa, son las dos entidades más importantes de la provincia y nos genera preocupación, porque tenemos la ingrata experiencia de que cuando un banco privado se fue, nunca más volvió", agregó.

"Se han dado argumentaciones como el aumento de la alícuota, como causal de esta determinación y yo planteo la desproporcionalidad, entre una decisión y una toma de decisión del cierre de nueve sucursales, hay una falta de equivalencia entre una medida y la otra, sin entrar a hacer valoraciones por el tema del aporte, está la respuesta por sí mismo", resaltó.

"Uno poco la charla de hoy es interiorizarnos sobre si hay un proceso de negociación. Y, obviamente, le vamos a plantear al gobernador que se busque un marco de solución, dentro del marco de posibilidades, porque a él y a nosotros, nos interesa que el Banco de la Nación, siga funcionando", contó.

"Hay mucha preocupación. Nosotros hicimos el viernes un abrazo simbólico, fue mucha gente. Esperamos a seguir luchando por esto. Además, tenemos a Durlock y Gendarmería, bancarizados por ese medio, las ferieras, con un volumen de negocio importante, con la banca pública provincial, como la nacional. Más allá, de la angustia y la incertidumbre de todos los trabajadores", confió.

"Lo que está claro es que no estaba dentro de las empresas a privatizar, fue excluida de la Ley Bases y no me parece que este tipo de medida contribuya a una reactivación económica, todo lo contrario. El banco puede ser un elemento más que importante para un proceso de reactivación, que yo espero y aspiro, frente a este proceso recesivo, como el actual", aclaró.

"Nuestro cuadro de situación es 25 despedidos en Durlock, este eventual cierre que se pueda dar, alguna baja de actividades y ni qué decir, con el aumento de tarifas, de electricidad y gas, hay menos liquidez en la calle, sin lugar a duda. Las perspectivas son difíciles, no puede existir solamente atacar el déficit fiscal generando semejante recesión, si no hay un proyecto productivo o que todos podamos ver, que vamos a ir por otro lado, para que esto empiece a funcionar. Y en un proceso recesivo, cuesta mucho, poner en circulación la rueda de la actividad económica", dijo.

Por su parte, el intendente de Victorica, Hugo Kenny, contó antes de ingresar al Salón de Acuerdos: "Tuvimos una charla entre algunos intendentes y luego hicimos una consulta con el Ministerio de Gobierno. Y allí, el ministro Pascual Fernández, nos dijo que podíamos hacer hoy esta reunión. Nos juntamos a las 10,30. La primera intención, era haber venido juntos con empleados del Banco Nación, pero nos enteramos que algunos de ellos, no tuvieron permiso para venir a esta reunión". 

"Básicamente queremos interiorizarnos un poco más del estado de la situación y estar todos juntos, rechazando esta decisión", remarcó el jefe comunal.

"En el caso de Victorica, es una sucursal que está desde 1.909, que ha pasado por un montón de crisis, por un montón de impuestos nuevos y temporarios, o no, que no motivaron nunca el cierre de la sucursal y que, esto haya ocurrido, nos preocupa enormemente", acotó.

"Para mi esto es una locura. Es una locura ir por estado presente. La sucursal de un Banco en un pueblo, en lo económico es fundamental, más allá de que está el Banco de La Pampa también. Eso no quita que hay una dualidad económica en los dos bancos. Y, desde lo social, es un banco presente para los jubilados, pensionados que hacen sus trámites, sus cobros. Y el estado nacional nos diligencia a través del banco, con cuentas especiales, cuando han habido trabajos con Nación. Desde lo particular, es un daño a las familias. Muchos no se quedarán sin trabajo, pero se generará el desarraigo que, es peor, porque lo otro, viene con una indemnización y esto es movilizarse, para intentar seguir teniendo una alternativa de trabajo, algo que hoy es una complicación", detalló.

"En el pueblo mucha gente nos dice que luchemos, que hagamos el esfuerzo para que esto no ocurre. No son decisiones que pasen por ninguno de nosotros y el intento lo hacemos. Si tenemos que viajar a Buenos Aires, para hablar con las gerencias a nivel central, lo haremos", aclaró.

"No olvidemos que este banco estaba en la lista de empresas privatizables y fue sacado por el Congreso, por lo cual, si no se privatiza, por ahí se cierra, o se busca trasladarle activos a una sociedad mixta. Creo que viene por ese lado, no es tan grande el motivo desde lo económico, una tasa, un impuesto temporario por cuatro meses, de los cuales ya van tres, para tomar es decisión", indicó.

El jueves pasado se confirmó el cierre de las sucursales del Banco Nación de las nueve localidades, con la excusa de que el gobierno provincial subió la alícuota de Ingresos Brutos durante cuatro meses. Los trabajadores, el gremio y la mayoría de los sectores políticos denunciaron que es la punta de lanza para la privatización de la entidad.

En principio, el gobierno nacional anunció el cierre de nueve sucursales en forma definitiva, en el plazo de un mes, y quedarían en pie las sedes de Santa Rosa y General Pico, Macachín, Quemú Quemú y Realicó. El viernes hubo paro en las sucursales pampeanas, con abrazo simbólico y movilizaciones. En Santa Rosa, se sumaron otros gremios, representantes de partidos políticos, legisladores y un funcionario del gobierno provincial, Pascual Fernández, ministro de Gobierno.

Los intendentes de Juntos por el Cambio firmaron un documento repudiando el cierre, y también en las últimas horas jefes comunales de los pueblos afectados levantaron su voz.

Es el caso del intendente de General Acha, el radical Abel Sabarots, rápidamente salió al cruce porque la medida perjudica a la ciudad. 

Por su parte, la intendenta de Castex, Mónica Curuchet, también de la UCR, expresó que «es una muy mala decisión» para la localidad. «Es una sucursal centenaria, con historia en la localidad de acompañamiento al sector agro ganadero», declaró en CPEtv. «Si el motivo era Ingresos Brutos, podrían haber abierto el diálogo para llegar a un acuerdo. Y también había posibilidad de resolverlo en la justicia. Es una excusa, en el fondo quieren otro destino para el BN y comienzan por La Pampa», tiró.

La intendenta de Alvear, la radical Agustina García, contó que hay once familias que se quedarían sin trabajo en el pueblo del norte provincial. «Tiene un gran acompañamiento de la producción, con créditos para el agro y el sector ganadero. Es histórica en la localidad, uno de los edificios más viejos», expresó en el mismo canal. «La idea del gobierno van por la privatización, ya pasó con el Correo. Tarde o temprano iba a pasar», remarcó.

 El intendente de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, firmó el documento que emitieron los jefes comunales de JxC.  Finalmente, el intendente de Guatraché, Sergio Arrese, es un caso singular, de llanero solitario. No firmó el documento, no participa de las reuniones de los intendentes opositores, y tampoco expresó su postura en forma pública hasta el momento.