Convenio entre la UNLPam y la CPE para la venta de libros de Editorial Voces
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EL DIARIO digital
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Pese al rechazo del oficialismo, la oposición en la Cámara de Diputados dio media sanción este jueves a un proyecto que procura garantizar el financiamiento de las universidades públicas, las cuales afrontan un fuerte recorte en su presupuesto desde que asumió el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, impulsada por la UCR, encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar -cada dos meses y por inflación- los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios de manera retroactiva, desde enero de este año hasta el 31 de diciembre.
El debate fue complejo pues los bloques llegaron al recinto sin un dictamen acordado. El oficialismo, desde el arranque, anticipó que votaría en contra por el costo fiscal de la iniciativa. El primer dictamen que fue sometido a votación fue el de mayoría, impulsado por Unión por la Patria; el resultado fue negativo: solo obtuvo 90 votos afirmativos frente a 126 negativos.
Con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones, el Congreso también aprobó la Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
Con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones, el Congreso también aprobó la Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
El dictamen que finalmente prosperó fue el de la UCR, que obtuvo 143 votos positivos frente a 77 negativos y una abstención. Para vencer el rechazo del oficialismo, el kirchnerismo avaló la iniciativa radical, aunque votó en contra del artículo 7 de la iniciativa, que establece los criterios para la distribución entre las universidades públicas de los montos presupuestarios a ser incrementados por la ley, de ser aprobada por el Senado.
El dictamen del radicalismo establecía que el aporte del Estado para las instituciones universitarias se distribuirá en función del número de estudiantes ingresantes y alumnos en cada institución y el tipo de carrera ofrecida (grado y posgrado), las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que posean. Los diputados de Unión por la Patria, férreos defensores de las universidades de menor envergadura -que fueron de reciente creación, sobre todo en el conurbano bonaerense- votaron en contra.
Ese artículo establecía, también, que la autoridad de aplicación debe disponer mecanismos de seguimiento y evaluación del presupuesto de cada una de las universidades en función de los objetivos y metas acordadas entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Lo sugestivo es que, en este artículo, coincidieron en su voto de rechazo los bloques de Unión por la Patria y el oficialismo, con sus aliados de Pro.
"Un paso más. Esta mañana se aprobó el proyecto de Financiamiento Universitario, insistiremos para que esta media sanción sea tratada en el Senado de forma urgente", celebró el senador de Unión por la Patria, Daniel Bensusán.
Limitación del derecho de huelga
La Cámara de Diputados dio media sanción esta madrugada al proyecto del diputado del PRO Alejandro Finocchiaro que declara a la educación como "servicio estratégico esencial". La normativa dispone que, en caso de paro, las escuelas deben permanecer abiertas con una guardia mínima.
La medida busca equiparar a la educación con otros servicios considerados esenciales, como la salud, la producción y distribución de gas, energía eléctrica y agua potable y el control del tráfico aéreo. La propuesta es resistida por los sindicatos docentes, que denuncian que limita el derecho a huelga de sus trabajadores. El martes, la CGT declaró persona no grata al redactor de la normativa.
El proyecto de Finocchiaro, exministro de Educación durante el Gobierno de Mauricio Macri, establece un esquema de guardias mínimas en las escuelas durante los paros. Si se aprueba en el Senado, en los dos primeros días de cada medida de fuerza, el 30% de los directivos, docentes y nodocentes deberán de estar presentes en los establecimientos para garantizar las clases. Desde el tercer día, el porcentaje subirá al 50%.
La votación.
La propuesta del legislador del PRO obtuvo media sanción con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones. Los rechazos provinieron de los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, mientras que el radicalismo, La Libertad Avanza y la mayoría de los bloques provinciales acompañaron la iniciativa.
