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EL DIARIO digital
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Los senadores pampeanos Daniel Kroneberger (UCR) y María Victoria Huala (PRO) no acompañaron los dictámenes de mayoría que avalaron en comisiones dos proyectos clave: el financiamiento universitario y la declaración de la emergencia pediátrica a nivel nacional.
A diferencia de ellos, el senador Daniel Bensusán (PJ) sí firmó los despachos de mayoría, alineándose con el resto de la oposición que busca llevar ambas iniciativas al recinto.
El posicionamiento de Huala contrasta con el de otros senadores opositores que sí firmaron los dictámenes y abre interrogantes sobre el voto que asumirán en el recinto frente a proyectos que involucran directamente a la educación pública y al sistema sanitario. En tanto, Kroneberger alega que su situación es distinta:: a la comisión de presupuesto tenía que ir el senador Blanco, pero como no podía concurrir iba en su lugar el pampeano. Sin embargo, Kroneberger supuestamente avisó que no llegaba por "demoras en el vuelo" a partir de la tormenta que azotó este martes a Buenos Aires y la cual estaba anunciada con anterioridad, por lo que el pampeano no fue lo previsor que su "manifiesto" interés por el tema requería. Quien lo reemplazó fue el senador Vischi.
El plenario de comisiones del Senado emitió dictamen favorable tanto para la ley de financiamiento universitario como para la iniciativa que busca declarar la emergencia en el área de pediatría en todo el país. Sin embargo, ninguno de los dos representantes de Juntos por el Cambio por La Pampa estampó su firma en los despachos de mayoría, que quedaron listos para ser debatidos en el recinto.
Las leyes vinculadas al Hospital Garrahan y al sistema universitario había generado amplio respaldo opositor en la Cámara de Diputados y ahora presiona al Gobierno de Javier Milei en el Senado. En el caso de la emergencia pediátrica, el proyecto establece garantizar el "acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica" y contempla una recomposición salarial inmediata para el personal de salud, incluidos residentes, con un piso equivalente al salario real de noviembre de 2023. También prevé que las guardias y actividades críticas queden exentas del impuesto a las ganancias.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la medida tendría un costo fiscal de $65.573 millones en lo que resta del año y de $133.433 millones si se extiende en forma anualizada. Para cubrir ese gasto, el texto faculta al Poder Ejecutivo a reasignar partidas del Ministerio de Salud y usar fondos de reserva para contingencias sanitarias.
