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EL DIARIO digital
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La Asamblea de Autoconvocados contra el ajuste de Milei presentó este sábado, durante una conferencia de prensa en la Plaza San Martín, un anteproyecto de ley para que se le garantice y para que no se le corte a los usuarios, en virtud de la crisis social y económica que se está viviendo, servicios esenciales como el gas, el agua, la electricidad y también la leña porque en la provincia hay muchos hogares que se calefaccionan y cocinan de esa manera.
La propuesta se presentará en cinco días en la Legislatura Provincial. "Estos servicios son fundamentales para el desarrollo humano, son servicios que tienen que ver con los derechos básicos elementales y humanos, así que desde ese lugar venimos a dar a conocer este anteproyecto públicamente", dijo Carlos Ortellado.
-¿En la práctica qué tienen que hacer? ¿El gobierno tiene que presentarte a las empresas prestadoras, por ejemplo el Camuzzi, para que aseguren eso? ¿Cómo se haría en la práctica?
-No, no, la garantía de que estos servicios esenciales lleguen a todos los hogares del país o del mundo, si se quiere, son los estados, esto es fundamental, el estado, porque son derechos humanos básicos, son servicios esenciales, se lo denominan servicios públicos domiciliarios, son servicios esenciales que los estados tienen que garantizar. Solicitamos que sea el Estado Provincial, las municipalidades y las comisiones de fomento a las que garanticen el cumplimiento efectivo de esta norma en función de que todos estos servicios esenciales se le lleguen a los hogares pampeanos y a la vez se cumpla la ley en función de que tampoco haya desde el otro lado avivada de gente que pueda pagar, porque nosotros lo que decimos que no se pague el servicio, nosotros reconocemos que hay que pagar los servicios, pero en función de la condición social de cada uno de los usuarios y aquel usuario que en su condición social no pueda pagar estos servicios, que sea el Estado el garante para que no se le corte. Si lo que estamos pidiendo concretamente es que aquel que no pueda pagar no se le corte estos suministros porque tienen que ver con los derechos humanos básicos como recién decíamos.
-¿Sería un subsidio del Estado, digamos, a quienes no pueden pagar los servicios?
-Si lo querés tomar como una palabra subsidio, tomalo, pero en realidad no es un subsidio, es decir, en realidad es un derecho.
-¿Está bien, pero a ver, para que no haya un corte tiene que estar la factura paga o imponerle a las empresas que no hagan el corte, ¿cuál de las dos sería la forma?
-La forma que adquiere el Estado para administrar y para garantizar ese derecho lo verán los funcionarios públicos acordes a su área, pero básicamente tiene que ver con esa garantía de derechos, nosotros no somos funcionarios, funcionarias del Estado provincial, pero sí hay quienes están responsables que tendrán que ver cuál es el mecanismo más adecuado para poder garantizar esos derechos. Si adquiere figura de subsidio o cómo, ya ahí nosotros no podemos decir qué es, pero sí claramente que nosotros lo que pedimos es que se garanticen esos derechos, para que el ajuste que toda la ciudadanía, la clase trabajadora, estamos reclamando de cómo nos está afectando el Estado en el caso provincial y los estados municipales estén acordes a ese reclamo. Entendemos que la provincia está sufriendo el impacto del ajuste. Lo que pedimos es que arbitren las medidas para garantizar y que eviten que en aquellos hogares que están sufriendo tan cruelmente este ajuste estén garantizados esos derechos, porque hoy por hoy nosotros en nuestra ciudad tenemos asentamientos, tenemos una situación de altísima vulnerabilidad y riesgo social en nuestra comunidad. Eso no lo podemos admitir como sociedad y mucho menos el Estado lo puede admitir, porque hay población, hace pocos días se conoció el caso de una familia que se le colmó toda su precarísima vivienda. Eso no nos puede estar ocurriendo en esta provincia respondió Mónica Molina.
Ortellado mencionó que "por otro lado, también, el salario hoy ha quedado muy por debajo y ni siquiera alcanzan muchísimos trabajadores blanqueados en nuestra provincia a cubrir la canasta básica, que acá en Santa Rosa están unos 100.000 pesos, o sea que tiene que ver también con esa realidad de la caída del salario y todo lo que nos está pasando".
La militante Marisa Pérez mencionó los tarifazos: "Esto también tenemos que decir que surge a partir de saber y concretamente ver que hoy ya las familias les están cortando el gas por no poder pagarlo, entonces justamente en ese sentido es que no admitimos que un derecho básico no sea respetado y se lo pedimos y se lo exigimos al Estado. Han sido boletas de gas de 1.500 por ciento de aumento y de luz y de más también.
-¿De qué manera lo van a presentar? ¿Van a tener la posibilidad de hablar con algunos diputados? ¿Ven que esto puede ser recibido, que le den tratamiento?
- A ver, recibir lo tienen que recibir, esto es lo primero. Nosotros vamos a hacer el mecanismo, vamos a seguir el mecanismo administrativo en principio, que es alcanzarlo a través de la mesa de entrada a la jefatura o a la presidencia de la Cámara. Después de ahí nosotros nos vamos a dar una tarea de hacérselo llegar a cada bloque.