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EL DIARIO digital
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La intendenta de Anguil, Daniela Fernández, salió al cruce del pedido de informes de los concejales de la UCR sobre los dos plazos fijos por 85 millones de pesos que tiene el municipio. El Diario publicó el pedido de los ediles opositores, quienes se preguntaban de dónde habían salido esos fondos siendo que la misma jefa comunal había declarado que recibió una Municipalidad "quebrada". Fernández no solo explicó de dónde provienen esos montos, sino que también dijo que los concejales "así como vieron en el balance los plazos fijos, ahí también dice de dónde salió ese dinero. Salen a preguntar públicamente cuando lo tienen en ese documento". La intendenta reiteró las críticas a la gestión anterior y adelantó que denunciará varias irregularidades que conoció cuando asumió su mandato.
En respuesta al pedido de los concejales Franco Schwemwer e Inés Robledo, Fernández detalló que "a los pocos días de entrar, nos transfieren el adelanto para 35 viviendas que se habían firmado en la gestión anterior: diez deben hacerse por administración municipal, que ya las tenemos techadas, y para eso recibí un adelanto que utilicé en el momento. Las otras 25 se hacen por licitación pública". Y puntualizó que "esos 58 millones que se denuncian, los pusimos en plazos fijos porque son fondos de afectación directa para viviendas".
La otra parte de los plazos fijos corresponde a los fondos que el Gobierno nacional le iba a devolver a La Pampa del juicio por coparticipación. "Eran 21.500 millones de pesos, de los cuales 2500 millones se distribuían entre los municipios. El gobernador Ziliotto nos adelantó treinta y pico de millones para pagar el aguinaldo", indicó la jefa comunal en diálogo con LU 100 AM 1040 Radio Capital.
"Lo que nos quedó lo pusimos en plazo fijo, cortitos, flexibles, que los vamos usando todos los meses para pagar sueldos", añadió.
Denuncia
En ese punto, la intendenta cargó contra la gestión anterior y adelantó que realizará la denuncia ante la Justicia. "Hablando de sueldos, los duplicaron entre mayo y diciembre del año pasado porque duplicaron la planta permanente de trabajadores y los exfuncionarios se recategorizaron a categoría 2, o sea, me dejaron compromisos de 900.000 pesos en los exfuncionarios de ellos, que además están adscritos a la Cámara de Diputados o al Senado de la Nación, no prestan servicios en el municipio", contó Fernández. Y recordó que "fue exagerada la desprolijidad de mayo a diciembre, en la campaña electoral. Fue abusiva, estuvo en las calles. Yo solo puse en palabras cuando asumí lo que había visto todo el pueblo y lo que condenó en las urnas".
La mandataria anguilense añadió que, "para graficar la irresponsabilidad, el día que vinimos a recibir el municipio que nos entregaban la abogada Norma Saucedo y el entonces tesorero Franco Schwemwer, ahora concejal, cuando nos fueron a contar el efectivo les faltaban 130.000 pesos, tuvimos que postergar el acta. Esa desprolijidad manejaban".
Por esas y otras situaciones, Daniela Fernández anticipó que "estamos analizando hacer la denuncia. Nosotros entramos a trabajar en un pueblo postergado y todo eso no lo contamos. Quizás había que contarlo y al otro día arrancamos a trabajar, pero la verdad me parece que están queriendo que vayamos a la Justicia y después a ver los resultados".
"Se va a hacer una gran auditoría, hay periodos que se va se van a auditar y se van a llevar las irregularidades a la Justicia", confirmó.
Además, recordó que en la gestión del exintendente Héctor Delahaye "pagaban el gas del Comité radical con fondos de la Municipalidad y estaba comprobado. Después la Justicia te dice: 'Y, no es tan grave', pero bueno, tenemos que confiar en la Justicia. También encontramos que cobraban un sobresueldo por sus tareas en el Ejecutivo. Si vos colaborás con el Ejecutivo no se te tiene que pagar, para eso está la división de poderes"
Terrenos
Otro de los puntos cuestionados por la oposición es la venta de terrenos a un sector de la sociedad que no puede ingresar a la lista de las viviendas sociales por diversos motivos (no tienen hijos, son adultos mayores solos o son parejas sin hijos, entre otros).
"Esa necesidad es real, hay en el pueblo un grupo de personas que necesita que desde el Estado le garanticemos el acceso a algún terreno fácil de pagar. Hay una manzana, que es la que ellos dicen que está loteada, pero es en una zona inundable y hay un trabajo de ingeniería, firmado por el intendente Delahaye, donde dice que esa zona no debe urbanizarse y tiene que ser utilizada para los desagües", explicó Fernández. Y aclaró que "la legislación exige que a quien nosotros le demos un terreno, en un año tiene que tener construida su vivienda, si no ese convenio se cae y la tierra vuelve al municipio. ¿Quién en este momento puede garantizar que en un año se va a terminar su casa?", se preguntó.
Y manifestó que "lo que tienen que hacer los concejales de la oposición es ponerse a trabajar para hacer una legislación que, en lugar de entregarle un problema, le entreguemos una solución a esa gente. Hay que legislar de otra manera y hay que además llevar los servicios a otros terrenos que están en una zona más alta que aún no tiene el servicio y que están mucho más acordes. Además, hay que poner otros plazos".
Respecto al tema viviendas, la jefa comunal indicó que "en el último barrio entregado por el exintendente hay una casa cerrada desde el día que se la entregó porque la adjudicataria vive en Luján, en provincia de Buenos Aires. Hay un certificado médico de su niño que necesita estar en ese lugar y lo vamos a respetar, pero esa casa, mínimamente, tendría que estar en comodato de uso mientras ella necesite por razones de salud estar en otro lugar. Debería estar en uso por otra familia que está esperando su vivienda, no cerrada. El Estado no puede tener una casa cerrada cuando hay tanta necesidad", completó.
Nombramientos
Finalmente, la intendenta respondió a la acusación de haber nombrado familiares en la planta del municipio. "Nombré a un solo un trabajador, que es Gustavo Bogel, y no es mi familiar. Estuvo quince años en vulnerabilidad, trabajando en el municipio de una manera absolutamente ilegal, y por diferencias con el intendente no lo nombró en el momento que nombró 45 ingresos".
"Nosotros venimos en defensa de los derechos de los trabajadores, ingresamos e hicimos el nombramiento correspondiente a un trabajador calificado que en este momento es el electricista del pueblo", agregó. Y finalizó: "Tengo desbordada la Municipalidad de trabajadores nombrados por ellos en tareas administrativas. Hoy el municipio tiene 87, pero me los dejaron ellos porque había 40 y pico en mayo del año pasado".
