Ganancias: Espert anunció que el Paquete Fiscal elimina un beneficio en La Pampa
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EL DIARIO digital
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Los propietarios de las empresas de transportes escolares que prestan ese servicio en Santa Rosa concretan este miércoles una nueva jornada de "lock out" porque "no cierran las cuentas".
El gobierno intenta encontrar una solución, contra reloj y con el problema encima. El martes, luego de iniciado el conflicto, desde el Ministerio de Educación completaron los trámites de una nueva "licitación directa" para regularizar los pagos del mes de marzo, pudo saber El Diario fuentes oficiales.
El oficialismo planteó esa situación ante el Tribunal de Cuentas y espera que haya celeridad para ponerse al día con los pagos de marzo.
Las empresas que mantienen las medidas de fuerza son CSG, El Pony, Ciudad de Toay y Anzorena, que tienen a su cargo unos 30 micros en funcionamiento. La situación afecta a unos 1.500 estudiantes santarroseños de los barrios periféricos.
"Es suficiente, sin plata no se puede seguir. No hay contrato, promesas de pagos incumplidas. Punto final", publicó en sus redes sociales Eduardo Christensen, uno de los dueños de los colectivos.
Las empresas reclaman la firma del contrato de las licitaciones que se llevaron adelante. Sin embargo, el Tribunal de Cuenta las rechazó porque -entre otros puntos- se excedían en los montos. ¿Cuál fue el argumento?... en el medio, el Ministerio de Educación -a través de Administración Escolar- hizo una compra directa con valores mucho más bajos.
"No hay más espalda"
Luego de que trascendiera el conflicto, Eduardo Christensen, uno de los dueños de los colectivos, habló con LU100 Radio Capital. "No hay más espalda para seguir, esa es la realidad", sostuvo.
Y confirmó los problemas que hubo con la licitación y los supuestos sobreprecios. "Acá el problema lo generó Administración Escolar, que en medio de una licitación hizo una contratación directa por un costo menor", destacó.
"Encima hicieron tarde el llamado a licitación... y quiero aclarar que en una licitación pública la estructura de costos nos es acercada y que no es mucho lo que podemos cambiar", explicó Christensen.
Y añadió: "esto no es una cuestión política, es una cuestión que las empresas nos quedamos sin plata para poder seguir".
Luego insistió en que "hay dos o tres funcionarios de Administración Escolar que hicieron mal las cosas. El Tribunal de Cuentas dice que hubo sobreprecios porque paralelamente se hizo una contratación directa más barata y que se hizo mal... porque cuando le pidieron valores al EMTU, para comparar, desde ese organismo municipal brindaron los mismos costos que nosotros".
"No es mala disposición del Gobierno, no es mala disposición nuestra... yo no sé si esto es hecho a propósito o es negligencia de los empleados que tenían que hacer las licitaciones que las hicieron mal o fuera de tiempo", se quejó.
