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EL DIARIO digital
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El procurador Eduardo Casal le llamó la atención al fiscal federal de Bahía Blanca, Miguel Palazzani, que había pedido que se preservara la prueba para las causas por delitos de lesa humanidad, luego de que se conociera que después de catorce años de existencia, el gobierno de Javier Milei desmanteló el área del Ministerio de Defensa que investigaba los crímenes de la dictadura.
El procurador interino no solo no se pronunció sobre la gravedad de una decisión –que como advirtieron sus subordinados puede impactar directamente sobre los juicios por delitos de lesa humanidad–, sino que retó al pampeano Palazzani, que fue querellante y fiscal también de los históricos juicios de la Subzona 14 en La Pampa.
El 27 de marzo pasado, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Lucas Miles Erbes, les anunció a diez de los trece trabajadores de los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental que funcionan dentro de las tres Fuerzas Armadas que estaban despedidos y que el gobierno pensaba discontinuar la política que se viene implementando desde 2010.
La información trascendió a través de comunicados de asociaciones gremiales como ATE y de diarios como Página/12. El fiscal Miguel Palazzani –que está a cargo de las unidades que intervienen en las causas de lesa en Bahía Blanca y en Neuquén– le envió un oficio al ministro Luis Petri pidiendo que "tenga a bien evitar cualquier acción que pueda poner en peligro al acervo documental que conforma y gestiona el Archivo de Defensa, así como cualquier otra acción que pueda afectar su correcto funcionamiento".
Desde entonces, hubo pronunciamientos de los organismos de derechos humanos, de la Legislatura porteña, pedidos de informes del diputado nacional Hugo Yasky y una denuncia de la diputada porteña Victoria Montenegro ante el relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación Fabián Salvioli.
El lunes, el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, le envió su respuesta a Palazzani y a Casal. Al procurador le remitió un oficio porque –curiosamente tenía presente– que la interlocución entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo es a través de la Procuración General.
En su respuesta, Madero no habló de los despidos ni de la promesa de desmontar el área. Solo dijo que, desde el inicio de la gestión, Defensa había recibido más de 130 requerimientos judiciales para causas de lesa que habían sido contestados en tiempo y forma. La información contrasta con la que dieron los trabajadores en la conferencia de prensa del viernes pasado, cuando informaron que tras su despido unos 30 requerimientos quedarían sin respuesta.
Menos de 24 horas después de recibir la notificación de Madero, Casal le llamó la atención a Palazzani con el argumento que había dado el propio funcionario de Defensa: que las opiniones del Ministerio Público sobre determinada política pública las lleva adelante su despacho. En realidad, Palazzani no estaba opinando sino pidiendo que se resguardara la documentación con la que trabajan los expertos.
Casal sostuvo, además, que el fiscal partió de "fundamentos hipotéticos" en referencia al desmantelamiento del área. Es posible que el procurador interino --que está interesado en seguir en su cargo mientras se barajan nombres para reemplazarlo-- sepa que Defensa no va a derogar las resoluciones como había anunciado para evitar dar explicaciones ante la justicia nacional u organismos internacionales.
La semana pasada, el abogado Pablo Llonto y su colega Mariana Maurer presentaron un amparo en el juzgado federal de Daniel Rafecas para impedir que se desmantele el área y pidieron una medida cautelar para que se reincorporen los trabajadores despedidos –que son expertos en el análisis de documentación militar. Este martes, el fiscal Carlos Rívolo le dijo al juez Rafecas que el tema debería tramitar en el fuero contencioso administrativo –que es adonde la administración de La Libertad Avanza (LLA) pretendía concentrar todos los pleitos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
