La Municipalidad de Pico comenzó a remodelar el boulevard de la Avenida
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EL DIARIO digital
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En las últimas semanas, se produjeron hechos violentos en distintas comisarías, principalmente en General Pico, que terminaron con detenidos heridos y hospitalizados. Mientras que los agresores, fueron trasladados a otras comisarías en la provincia. Tanto víctimas como victimarios son presos con condena firme que no deberían estar en una comisaría sino en una cárcel.
Sobre los hechos sucedidos en los últimos días, Pascual explicó que "lo primero que se hace es darle intervención al sistema de salud y luego, dependiendo de las lesiones, toma intervención el fiscal con la temática pertinente, pero en el caso de la ejecución de pena se da inicio a un sumario disciplinario".
El juez de Ejecución Penal añadió, en diálogo con Infopico Radio, que "para ello existe un reglamento nacional que se adecua a la provincia y en relación con eso se determinan las responsabilidades y se verá si el condenado que intervino en dicho acto es merecedor de alguna sanción".
El magistrado detalló que "algunos de los intervinientes, uno de la Alcaidía y otro de la Tercera, son personas con condenas firmes, con pedidos de traslados a establecimientos penitenciarios".
Allí resurgió el reclamo pampeano por el cupo para los condenados de la provincia en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa. "Los condenados deben estar en establecimientos penitenciarios porque es el lugar donde constitucionalmente se deben cumplir las penas y no en comisarías, que las detenciones deben ser temporarias", manifestó Pascual y detalló que "son alrededor de 50 las personas condenadas que aún están en comisarías en toda la provincia".
En 2007, durante el mandato de Carlos Verna, La Pampa firmó con Nación, a través del SP, un convenio que firmó el gobernador Verna en 2007 por el que la Provincia se comprometió a edificar un pabellón en la Unidad 4 y, una vez que lo tuviera listo, se asignaba unas 300 plazas para personas con condena firme de la Justicia pampeana. La ampliación se hizo, pero el convenio nunca se cumplió.
En 2018, Pascual y el otro Juez de Ejecución Penal en ese momento, Martín Saravia, junto a los fiscales generales Máximo Paulucci y Armando Agüero, hicieron un relevamiento en la Unidad Penal 4 y determinaron que había entre 25 y 30 plazas libres. Nuevamente pidieron al director de la U4 que no ingresen más condenados de otras jurisdicciones y que se empiece a cumplir el convenio, porque lugares había disponibles.
"Siempre la prioridad en el proceso de ejecución de pena, como lo establece el artículo 1 de la ley, es la resocialización de la persona que sufre una pena privativa de la libertad: ese es el norte que establece la ley y el juez de ejecución de pena tiene control jurisdiccional de esos objetivos y debe bregar de manera permanente para que esos objetivos se alcancen y es lo que trato de hacer desde que juré como juez", resaltó Pascual. Y añadió: "vengo reclamando a los organismos nacionales, específicamente al Servicio Penitenciario Federal que cumpla con el convenio que tiene con la provincia de La Pampa y que ha puesto mucha plata para ampliar la U4".
El juez piquense recalcó que "el gobierno provincial tomó cartas en el asunto y se firmaron los acuerdos con San Luis y el gobernador hizo mención de que La Pampa tendría que contar con un servicio penitenciario provincial. Son decisiones que apuntan al objetivo de la ejecución de pena y la situación penitenciaria en la provincia", concluyó.
