La absolución de las funcionarias judiciales en el caso Lucio: "La decisión del jury fue política"

El penalista Fernando Soto, que trabaja en el Ministerio de Seguridad junto a Patricia Bullrich, aseguró que las funcionarias judiciales que actuaron en el caso Lucio y que fueron absueltas en el juicio que se les hizo por su desempeño en ese caso, dijo que "me parece una barbaridad que absolvieran a la jueza, sabiendo que hubo un montón de alertas previos para no darle la tutela a la madre y a su pareja".

"El niño no fue escuchado como establecen las convenciones internacionales y los responsables en tomar las decisiones desoyeron las señales de que estaba en serio peligro. Sin ninguna duda que Pérez Ballester debió ser destituida", remarcó el penalista en una entrevista con el diario Clarín.

Soto remarcó "el grave problema que atraviesa la minoridad y en manos de quién está, a partir de la Justicia, que trabaja con un sistema anquilosado, como es la Justicia de menores, que hace 40 años que no se modifica y que los deja desvalidos. Sin protección los expone, sobre todo cuando queda en manos de la gente que debe cuidarlos y no se la juegan, como la jueza Ballester. Y me pregunto si los integrantes del jury que fallaron a favor qué hubieran votado si Lucio era hijo de alguno de ellos".

El letrado siguió el caso Dupuy desde sus inicios y no compartió los fundamentos que determinaron la absolución de la jueza y la asesora de menores. "Eso de que los reproches son materias absolutamente opinables, poniendo en cabeza de las funcionarias, obligaciones que no surgen de la ley aplicable... En ese caso la jueza debió velar obligadamente por la seguridad del pobre chico que, como en este caso, no tenía a sus padres cerca. Para nada comparto el criterio del tribunal, que tomó una decisión política, que no se tiene nunca con las víctimas, con los menores".

Enérgico, Soto fue más allá de las regulaciones del protocolo que protege a la jueza. "Más allá de que no hay regulaciones que lo marquen, un juez sí que está obligado y debió haber actuado de oficio por las circunstancias de un caso que, de arranque, ya era llamativo. La jueza Ballester tenía que haber atendido las necesidad del protagonista, que era Lucio, que además de que debió ser escuchado a través de psicólogos y asistentes sociales para saber su contexto emocional, también debió ser protegido. ¿De qué manera? Garantizar el entorno dónde viviría Lucio: el lugar, cómo está la madre psicológicamente, quién es la pareja de la madre".

"Si bien es contrafáctico, queda la sensación que si la jueza hubiera realizado una mínima parte de su trabajo, habrían saltado los alertas a las claras de que ni la madre ni la pareja eran aptas psicológicamente para hacerse cargo del niño porque estaban en un contexto inapropiado y porque tampoco les interesaba tener a cargo a un menor... Fijate que Lucio fue torturado y fue víctima de su propia madre y la pareja. Yo le caigo a la jueza porque es la mayor responsable, la que puso el gancho, pero está claro que aquí hay una cadena de errores garrafales. Ballester debió extremar las precauciones".

Soto, recordado en la defensa del policía Luis Chocobar, remarcó que no tiene ninguna animosidad contra Ballester. "No es un tema puntual hacia ella, de por qué no actuó como debería. Hasta donde yo sé, lo que pude averiguar es que casi nadie hace este tipo de trabajo. No es que en La Pampa no se hace, sino que ocurre en muchísimos lugares de la Argentina. Es desidia y forma parte de un sistema judicial oxidado y totalmente desactualizado".

"El caso Lucio se resume así -sintetiza el especialista-: la Justicia le saca la tutela a sus tíos, donde se encontraba bien, y se lo da a la madre, que lo asesina. Y luego el jury falla y dice: la jueza no tenía la obligación de tomar mayores medidas. Así como lo hizo la jueza está. Es terrible. Por su magnitud y gravedad, por las inmensas falencias que hubo alrededor, el de Lucio debería ser declarado un crimen de lesa humanidad".

Para concluir, Soto desparrama su indignación preguntándose "donde está el control del Estado y la inadmisible negligencia de una jueza que adujo no estar obligada. Su desapego y desamor llamaron mucho la atención. Insisto que aquí hubo una intención política, intervino la política, que decidió salvar a la jueza. No sé si es peor que la política salvó a la jueza, o el descuido o la negligencia en los miembros del jury. Una cosa es peor que la otra".