Nublado y fresco: así será el domingo en Santa Rosa
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EL DIARIO digital
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El abogado Homero Cruz Marques, que impulsa el desalojo de 8 familias del asentamiento El Nuevo Salitral porque reclama ser el propietario de esos terrenos, se enteró por los medios que el lugar fue incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). "No tengo ninguna novedad, me enteré por los medios. Hice algunas averiguaciones y no me dijeron nada", admitió Marques en breve diálogo con El Diario.
El ingreso al RENABAP trae el beneficios para las familias que allí viven porque frena todo intento de desalojo y Nación se encargara de hablar con el propietario de las tierras para negociar una compra o expropiar. Además, obliga al Estado a urbanizar.
En el asentamiento El Nuevo Salitral, ubicado en inmediaciones de la laguna Don Tomás, hay cerca de 30 familias que levantaron sus viviendas, algunas en terrenos que pertenecen al municipio santarroseño y otras que reclama Marques. Las que estaban judicializadas con el pedido de desalojo son 8 familias.
Marques dijo que realizará averiguaciones la semana que viene. "Yo no estoy notificado de nada. Por ahí está ya incorporado al expediente, pero no se nada. Era lo que estaban esperando todos para la urbanización, esto habilita que se coloque la luz...", dijo.
"Hace 4 años que estoy dando vueltas con esto. Quiero que esto termine", concluyó.
Como se informó, el Gobierno nacional incorporó al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) los tres asentamientos de la ciudad de Santa Rosa: Micaela García, Nuevo Salitral y El Amanecer. La ministra nacional de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz firmó el decreto que los incluye en la Ley 27.453, que entre otros beneficios, dispuso la suspensión de todos los desalojos hasta el año 2032.
La ley apunta a financiar las obras necesarias para que el Estado llegue con la infraestructura urbana básica (instalación de servicios públicos, despeje de caminos, mejoras en la accesibilidad y conectividad y saneamientos, entre otras) a los barrios que se encuentran la mayoría de las veces en condiciones de vivienda precarias.
La prohibición de desalojos se estableció como garantía de implementación de la ley, que declara de "utilidad pública y sujeta a expropiación" para la totalidad de los bienes inmuebles en los que se encuentran en esos barrios, con el fin de "proceder a su integración socio urbana". Esto es el avance de las obras de infraestructura básicas.
Los tres asentamientos santarroseños cumplían con el requisito de la ley que son "los que existen desde antes del 31 de diciembre de 2021; los que están formados por 8 familias, como mínimo; y los barrios en los cuales más de la mitad de la población no tiene título de propiedad ni acceso a 2 servicios básicos (agua corriente, energía eléctrica con medidor o red de cloacas)".
El RENABAP aclara que "si vivís en un Barrio Popular incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), no te pueden desalojar. En octubre de 2018 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.453, que dispuso la suspensión de todos los desalojos por 4 años. En octubre de 2022 esta ley fue actualizada y se prorrogó la suspensión de desalojos en barrios populares por 10 años más".
