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El fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, confirmó el adelanto de El Diario. Decidió iniciar sumarios en los ministerios de Educación y Salud y también a la Policía porque sospecha que funcionarios o empleados podrían haber incurrido en el delito de "omisión de denuncia" en el caso Lucio Dupuy.

"Detectamos que había posibilidades que puede haber alguna responsabilidad, en principio, en Educación y Salud. Situaciones que después se van a dilucidar y también en materia policial que puede haber algún tipo de responsabilidad", aseguró. 

La investigación de la FIA va en forma paralela a la del Poder Judicial y busca determinar las responsabilidades del Estado en el caso, previo al crimen del niño de 5 años. Por ese hecho están detenidas con prisión preventiva la madre Magdalena Espósito Valenti (24) y su pareja, Abigail Páez (27). 

"Hicimos una revisión general de toda la administración pública. En ese contexto, hasta este momento llegamos a esos lugares. Detectamos que había posibilidades que puede haber alguna responsabilidad, en principio, en Educación y Salud. Situaciones que después se van a dilucidar y también en materia policial que puede haber algún tipo de responsabilidad. Esto es lo preliminar que logramos hasta este momento. Vamos a seguir escudriñando un poco más acerca de la actuación del resto de los ministerios. Tenemos informes firmados por los funcionarios responsables donde nos dicen que no han tenido intervención. Eso lo vamos a seguir revisando", dijo Carola en declaraciones a la radio LU 100. 

Agregó que "respecto del Poder Judical, el Superior Tribunal de Justicia abrió una información sumaria para verificar si había algún tipo de denuncia que no fuera conocida. Estamos pendientes de recibir esa información. Nos falta mayor cantidad de datos y tener más detalles. En el marco de los sumarios que tenemos establecido que vamos a hacer seguramente puede haber otros más".

Consultado si podía dar detalles, Carola aclaró que los "nombres (de funcionarios o empleados) no los llegamos a identificar todavía. Es parte de lo que vamos a hacer. En enero vamos a tomar declaraciones testimoniales, gente que ha podido tener contacto y a lo mejor alguna responsabilidad directa por omisión de denuncia. Todo empleado público y funcionario que tiene conocimiento directo de comisión de irregularidades tiene obligación de denunciar. Son hipótesis de trabajo que no la podemos confirmar". 

"Venimos avanzando bien y no hemos tenido ningún entorpecimiento de los organismos", reconoció.