"Encontramos argumentos para iniciar la investigación"

Esta semana los integrantes del jury de enjuiciamiento a la jueza de familia de General Pico, Ana Clara Ballester, y la asesora de menores de ese organismo, Elisa Alejandra Catán, decidieron abrir una causa por mal desempeño al otorgar la tenencia de Lucio Dupuy a la madre, Magdalena Espósito Valenti, condenada junto a su pareja, Abigaíl Páez, a prisión perpetua por el crimen y por abusos sexuales.

El jury, integrado por el ministro del Superior Tribunal de Justicia -a cargo de la presidencia-, Fabricio Luis Losi, las diputadas María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo y las abogadas por la matrícula, María Natalia Gaccio y Silvina María Garro, tomó la resolución por unanimidad.

Larreta explicó que "con esta resolución se le da admisibilidad al jury, se abre el juicio, y ahora es el procurador quien tiene que acusar o no, y resolver en seis días si le da curso o no a la determinación de este jury".

Se excusó de dar detalles de la investigación "pero hemos encontrado argumentos para iniciar la investigación. En caso contrario se hubiera rechazado in limine", dijo en declaraciones a LU100. 

En el mismo sentido se expresó otra de las integrantes del jury, la diputada Andrea Valderrama. "En las audiencias previas al jury no se generó certezas, por lo que el jurado decidió por unanimidad continuar con el proceso de acusación para ir a juicio y determinar estas cuestiones", afirmó.

Precisó que "en esta instancia se generarán pruebas y las acusadas podrán ejercer su derecho de defensa". 

Las denuncias señalan un mal desempeño por parte de las dos funcionarias, dentro de los expedientes se destacan: el hecho de no haber escuchado al niño, de no haber notificado al progenitor y tampoco haber realizado un estudio socio-ambiental antes de otorgar la tutela y el cuidado personal del niño a la madre. 

La denuncia a Ballester y Catán aseguran que hubo omisiones y malos desempeños. "Estas cuestiones puntuales van a ser evaluadas por el jurado para ver si está comprobado y establecer si se encuadran en incumplimientos o negligencias de acuerdo a lo que prevé la ley. Hoy no hay certezas que descarten o comprueben estos hechos por eso vamos a ir juicio" detalló en declaraciones a Kermés. 

La ley 313 establece que se le tiene que dar vista a Bongianino para que en un plazo de seis días hábiles formule o no la acusación. Si no lo hace, el expediente se cerrará; en cambio si el procurador acusa, se les dará vista de la acusación a la jueza y la asesora para que en 10 días hábiles expongan sus defensas.

Si se avanzara en el proceso, una vez producidas la acusación y las defensas, ambas partes ofrecerán las pruebas que presentarán en el debate. Para ello tendrán un plazo no mayor a 15 días. La normativa indica que el jurado podrá denegar las pruebas que considere "inconducentes" y que sus resoluciones no podrán ser apeladas.