El Gobierno pampeano rechaza la baja en la edad de punibilidad
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EL DIARIO digital
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En reunión de la comisión de peticiones, se emitió dictamen favorable por mayoría para designar en el cargo de Ministra del Superior Tribunal de Justicia, a la abogada María Verónica Campo. En tanto, la minoría fijará posición en el recinto
El diputado Espartaco Marín planteó las cuestiones más interesantes dentro de la comisión de Peticiones, que entrevistó este martes por la mañana a la postulante a ministra del STJ, Verónica Campo. Un sistema penitenciario provincia, la baja en la edad de imputabilidad, el pago del impuesto a las ganancias y la creación de fiscalías temáticas, fueron las preguntas destacadas del legislador del Frejupa.
"Soy una defensora de la reinserción y así como estamos no lo vamos a lograr", dijo Campo sobre la posibilidad de establecer un sistema penitenciario pampeano. "La mayoría por los condenados por delitos en mi fiscalía son reincidentes. El sistema así no sirve por no tenemos lugar para nuestros condenados en el sistema penitenciario nacional", añadió.
La abogada piquense manifestó también que, "desgraciadamente, nuestros condenados están en las comisarías, no es un espacio propicio para resocialización del condenado. La condena no es una venganza". En ese sentido, indicó que "un sistema penitenciario provincial requerirá una inversión grande, pero entiendo que en el sentido de la reinserción seria espectacular".
Detalló además que "no tenemos tantos presos como que no podamos hacer un sistema modelo. Quizás mejorando lo que tenemos, convirtiendo algunas comisarías en pequeños servicios penitenciarios y que no estén a cargo del personal policial, porque a la policía le pedimos que persiga el ladrón, que baje el gato del árbol, tiene que cuidar al preso, darle la comida, procurar que estudie y es personal que va a una escuela de policía donde no le ensañan nada de eso. Se le enseña a colaborar con la justicia, a hacer prevención. Entonces sobrecargamos al personal policial y a veces tenemos problemas".
Campo planteó la posibilidad de "sistemas más abiertos, donde cada condenado tiene su espacio para educarse, para trabajar, genera sus recursos, sostiene el sistema y tiene vinculación familiar real".
En un momento de las consultas, el diputado Torroba se refirió a un informe de la Comisión para Prevención de la tortura del año 2022, con índices desfavorables para la provincia de La Pampa, y agregó que se pidió al Secretario de Derechos Humanos un informe sobre lo realizado para mejorar la situación, lo que aún no fue respondido.
"No tuve al acceso al informe, se elevó al defensor general", aclaró Campo. Y explicó que "al convenio con el Servicio Penitenciario Federal, el único que lo denunció fue el doctor Saravia, a quien después lo denuncian y lo llevan al STJ. Lo único que les dijo es cumplan lo que tienen que cumplir. Ese informe es lapidario porque el estadio nacional nos llevó ahí con sus incumplimientos y sólo una persona tuvo el coraje de denunciarlos. La provincia está incumpliendo, sí, pero llegamos acá porque hace 20 años que el Estado Nacional incumple".
Ley penal juvenil
Marín también pidió la opinión de Campo sobre la posibilidad de una baja en la edad de imputabilidad. "El marco legal con respecto a los tratados internacionales que nos impediría bajar la edad", dijo la abogada. Y completó: "Nuestra ley penal juvenil pregona todo lo contrario, si bien nos da herramientas que antes no teníamos como la prisión preventiva de los menores en los casos graves, tiene un sistema muchos más amplio y participativo que lo que se espera con la baja de la edad de imputabilidad. No es un tema sencillo, cada menor y cada caso es distinto. Es un tema que tendría muchísimo cuidado en tratarlo".
En cuanto al pago del impuesto a las ganancias para los jueces, Campo expresó que "se está pagando, es lo que corresponde, es una ley que tenemos que cumplir como cualquier ciudadano, me parece correcto", indicó
Por último, Marín preguntó por las fiscalías temáticas, no sólo por la que apunta a los delitos rurales sino también para ambiente y defensa del consumidor.
"Las fiscalías temáticas permiten una mayor especificidad sobre el delito. Son buenísimas porque nos permiten especializarlo en el tema y conocer el ambiente delictivo de esa unidad", sostuvo Campo. "Yo trabajo en Propiedad y hacemos delitos rurales, llevar tanto tiempo en esa temática nos lleva a conocer las formas de delinquir de las personas involucradas", agregó.
Sin embargo, planteó alguna duda sobre su funcionamiento. "Antes de crear más fiscalías temáticas, hay que analizar los recursos existentes, no limitar la acción de los fiscales solo a esa competencia. En el caso de los delitos rurales, que su prioridad sean los delitos rurales, que no existen dentro del Código Penal, pero los han denominado así, me parece bien porque permitirá conocer ese sistema. Pongo un ejemplo: una fiscalía temática rural en Victorica, donde hay un solo fiscal, que pasa si se enferma. El de delito rurales no podría hacer ningún otro tema. Si bien seria dificultoso, no sería constitucional", manifestó la fiscala.
"Los fiscales somos titulares de la acción. La temática de Ambiente y Defensa de los Consumidores, me parece bárbaro. La Procuración deberá crear la fiscalía, el cargo, pero no limitarlo sólo a esos delitos", concluyó.
