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Aunque el presidente Alberto Fernández no intervenga a favor de Mendoza en el conflicto por el estudio de impacto ambiental que reclama La Pampa, la adjudicación de la megaobra hídrica se concretará igual. La provincia cuyana ya recibió casi 262 millones de dólares, de los 1.023 millones comprometidos por la Nación.

A poco de que se termine el año, el proceso licitatorio de Portezuelo del Viento ya tuvo varios episodios que no han puesto en duda su avance. El consorcio Malal-Hue, único oferente para ejecutar la mega represa en el sur provincial, modificó la propuesta económica que es evaluada por una comisión técnica. Mientras tanto, desde Nación siguen enviando las cuotas en dólares correspondientes al acuerdo con Mendoza para realizar la obra.

Por otro carril, el gobernador Rodolfo Suárez activó el mecanismo del laudo presidencial en junio del año pasado en la última reunión del Consejo de Gobernadores del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

El instrumento se efectivizó luego de que La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires votaran para que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental. Alberto Fernández no se ha expresado al respecto.

"Sin embargo, estos hechos confluyen en el proceso licitatorio que se encamina a su etapa final. En el Gobierno entienden que sólo una orden judicial le pondrá un freno. Por lo tanto, luego de que las comisiones y la Fiscalía de Estado dictaminen sobre la mejora económica de la oferta empresarial, se adjudicará la obra aunque el presidente Alberto Fernández no haya laudado aun", según dio a conocer este luneas el diario Los Andes.

"Y será difícil creer que el Presidente se exprese por una u otra provincia en un año electoral y en donde justamente los resultados de las PASO, de mantenerse en las Generales, le harían perder dos bancas peronistas pampeanas en el Senado Nacional: Mendoza y La Pampa son dos de las ocho provincias en las que se eligen senadores nacionales y en ambas el Frente de Todos fue derrotado en las primarias. Eso complicaría el quórum propio que tiene hoy la vicepresidenta Cristina Fernández y no es necesario dar más detalles", añadió el mismo diario mendocino.

Pliegos

“El proceso licitatorio de Portezuelo del Viento ha seguido adelante y sigue adelante. Una vez que la comisión evaluadora avance y se llegue a la instancia que corresponde con los pliegos, la obra estará en condiciones de ser adjudicada”, aseveró Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia a Los Andes.

El presupuesto oficial es de U$S 1.023 millones para construir la mega represa en Malargüe. El consorcio Malal-Hue, integrado por la firma china Sinohydro y las locales Impsa, Ceosa y Obras Andinas había presentado la oferta y sus alternativas por encima del monto estipulado por el Gobierno para la megaobra, que es de U$S 884 millones, contemplándose el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las propuestas subían entre los U$S 1.070 hasta los U$S 1.286 millones.

La intención del Gobierno de Mendoza es adjudicar la obra antes de fin de año, según expresó Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura, a fines de junio. En ese momento, el consorcio había ofertado un 22,6% menos, es decir una rebaja de aproximadamente U$S 200 millones.

El análisis de la propuesta está en manos de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de Portezuelo del Viento que no tiene plazo para expedirse y hasta el momento "no circula por los pasillos de la Casa de Gobierno una fecha probable que esto ocurra", admitió Los Andes.

Una vez que emita dictamen, pasará a otra comisión integrada por los ministerios de Economía, Hacienda, Gobierno y Planificación e Infraestructura Pública. Finalmente deberá expresarse Fiscalía de Estado para que sea el gobernador Rodolfo Suárez quien estampe la última firma para la adjudicación.

El Gobierno nacional viene cumpliendo el cronograma de pagos trimestrales de acuerdo a lo rubricado en el contrato con la provincia de Mendoza por los daños provocados debido al régimen de promoción industrial que benefició a las provincias vecinas.

Hasta el momento se han recibido 8 pagos que acumulan U$S 261.681.264 millones.

Si a fin de mes llega la novena cuota, se habrán desembolsado en total U$S 318.803.329. Para el 2022, se esperan cuatro depósitos que suman U$S 211.223.484 y que adicionando lo que se recibiría hasta fines de octubre arrojan U$S 530.026.813, más de la mitad de lo que debe recibir Mendoza.

Los fondos se encuentran en un fideicomiso provincial creado para concretar la presa hidroeléctrica.

La votación en COIRCO

El Consejo de Gobierno del COIRCO está conformado por los mandatarios de Mendoza (Rodolfo Suárez), La Pampa (Ziliotto), Buenos Aires (Axel Kicillof), Neuquén (Omar Gutiérrez) y Río Negro (Arabela Carreras) y es presidido por el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro.

La citada reunión que sucedió a finales de junio del 2020, dejó 4 votos a favor y 1 en contra para que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental.

Al ser necesaria la unanimidad para cualquier decisión, el titular del Poder Ejecutivo mendocino activó el mecanismo del laudo presidencial establecido en el reglamento y que aún no está resuelto.

En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri laudó a favor de Mendoza y en contra de La Pampa por el famoso estudio de impacto ambiental que ahora tendrá que hacerse nuevamente.

Archivado por el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, el problema había quedado casi resuelto para Mendoza. Pero, con el cambio de gobierno en 2019, fue el ministro Wado De Pedro el que desarchivó el reclamo y abrió algunas incógnitas sobre la seguridad jurídica, la adjudicación y el laudo presidencial.

Dentro del propio oficialismo mendocino hay quienes dudan sobre los inconvenientes que a futuro podría tener la obra adjudicada sin este laudo.

El planteo se sustenta en que al estar desarchivado el reclamo, el estudio de impacto ambiental no está aprobado, por lo tanto, no aporta demasiada seguridad jurídica a la adjudicación y posterior inicio de trabajos. Si surge algún inconveniente legal y la empresa ya inició las obras, Mendoza corre el riesgo de pagar una indemnización.

La Pampa no fue la única que promovió un freno al proceso licitatorio. En Mendoza se le pidió a la Fiscalía de Estado que hiciera lo propio, pero no hubo éxito. El docente y ex senador nacional, Miguel Mathus Escorihuela; el ex juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y docente, Alejandro Pérez Hualde; y el letrado especialista en derecho de aguas, Aldo Guarino Arias firmaron el pedido.

Los argumentos se sostuvieron en las dudas sobre un único oferente y los litigios judiciales que se mantienen actualmente con La Pampa que podrían terminar en la paralización de la obra. Y eso ocasionaría un “inevitable daño” al patrimonio provincial de Mendoza.

Desde la Fiscalía de Estado de la provincia vecina desestimaron los planteos, pero recomendaron que “en el caso que el Gobernador decidiera darle continuidad al proceso licitatorio, a fin de proteger el patrimonio provincial, resulta necesario que se precise el alcance de las renuncias que ha realizado el oferente a realizar reclamos indemnizatorios o de cualquier otro tipo frente a una eventual suspensión, paralización o fracaso de la obra por causa ajena a la voluntad de las autoridades provinciales”.

Es decir que en caso de que Mendoza le otorgue el inicio de trabajos al consorcio Malal-Hue, La Pampa podría iniciar acciones legales porque tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, el resultado de un hipotético planteo depende de la resolución “de un órgano judicial ajeno a los dos gobiernos”.