El fiscal de Estado de Mendoza avaló Portezuelo del Viento

La Fiscalía de Estado de Mendoza avaló la licitación de Portezuelo del Viento. El titular de ese organismo, Fernando Simón, aseguró que no hay dificultades extremas como para frenar la obra, pero advirtió sobre los riesgos jurídicos y pidió garantías para evitar juicios indemnizatorios.

Justamente este viernes, el gobernador mendocino Rodolfo Suarez está en Malargüe, lugar donde está previsto emplazar la cuestionada represa hidroeléctica.

Simón emitió el dictamen para responder a las denuncias que hubo para frenar la licitación de la represa. "Considero que el procedimiento licitatorio del ''''Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento'''' no resulta ilegal ni manifiestamente irrazonable, no teniendo por tanto esta Fiscalía de Estado motivación suficiente para oponerse a su desarrollo y eventual conclusión, ni atribución para pronunciarse sobre su conveniencia”, determinó el Fiscal.

En el análisis advierte sobre los riesgos legales y ambientales que tiene a futuro el proyecto, pero asegura que no hay certezas como para frenar la licitación. Por eso dejó en manos de Suarez la decisión política de avanzar o recalcular todo.

El principal temor de la construcción de Portezuelo es que la obra se frene por las demandas que puedan presentar La Pampa y otros actores en la Corte Suprema y, en ese caso, los reclamos que podría hacer quienes la construyen.

"En caso de decidir avanzar, a fin de evitar que una eventual suspensión de la obra por decisión ajena a la voluntad de la Provincia genere reclamos del contratista, riesgo correctamente señalado por los presentantes, realizaré una serie de recomendaciones para la mejor protección del patrimonio fiscal, las que deberán ser tenidas en cuenta", dijo el Fiscal.

Un largo proceso

La licitación de Portezuelo del Viento lleva más de un año de proceso y tuvo dificultades. Se presentó solo un oferente (UTE Malal Hue) y el precio superó en principio el presupuesto oficial.

Por eso un grupo de juristas presentaron una denuncia en Fiscalía de Estado para frenar la licitación porque consideran a la obra como perjudicial para la provincia.

Y se basan en el costo, en la falta de competencia entre empresas, en los problemas ambientales y la crisis hídrica y, sobre todo, en los conflictos legales que pueda tener por demandas de La Pampa y otros actores.

Consideran que la Corte podría frenar la obra luego de adjudicarla, como ocurrió con otras represas, y generar así litigios con las empresas que demanden indemnizaciones.

"El dictamen es detallista al extremo en cuanto a su alcance, tratando de alejarse de las decisiones políticas que debe tomar el propio gobernador Rodolfo Suarez. Es decir, se acoge al análisis legal y ambiental del proceso y la construcción de la represa. Pero en cuanto al sentido de oportunidad, lo deja en manos del Ejecutivo", destacó el diario Mendoza Online.

Un dato que lleva alivio al Gobierno es el aval a la licitación, en particular a que haya un solo oferente y al precio de la obra, que está por encima del presupuesto oficial.

"Respecto al procedimiento licitatorio, la existencia de un único oferente no es legalmente causal de fracaso de la licitación... Tampoco resulta un obstáculo legal que se haya solicitado y obtenido una mejora de la oferta del orden del 22%, la que en definitiva resulta en beneficio de la Provincia. Por ello considero que la licitación pública en cuestión se ha realizado, hasta la fecha, de conformidad con el marco normativo vigente", definió Simón, quien dejó dentro del "margen de discrecionalidad" que tiene el Gobierno para decidir si es oportuno o no adjudicar la obra en esas condiciones.

El otro eje de los cuestionamientos es ambiental y tiene que ver con la posibilidad o no de que la represa se llene. Es que el Río Grande ha sufrido la crisis hídrica y los demandantes aseguran que en esas condiciones la obra no será rentable.

El Gobierno asegura en sus análisis técnicos que "el embalse se llenaría en un plazo máximo de 4 años y estaría en situación de empezar a generar energía en no más de 12 meses, contados desde el momento de cierre de la presa".

Ello a pesar de que en los últimos años la cuenca ha erogado menos caudal del histórico. "Este resultado, eminentemente técnico, resulta esencial a fin de despejar las dudas y cuestionamientos de los presentantes, y otorga elementos suficientes para considerar que no existe una irrazonabilidad evidente en la realización de la obra, que me induzca a solicitar se declare su fracaso", concluyó el fiscal de Estado.

Sin embargo le pide a Suarez, que tenga en cuenta un análisis profundo del tema antes de adjudicarla. "Los riesgos e incertidumbres que genera la actual crisis hídrica -expresados por los presentantes-, al igual que los informes técnicos realizados por los organismos especializados, no deban ser cuidadosamente merituados por el Sr. Gobernador a fin de decidir, en el marco de las atribuciones que constitucional y legalmente le son propias, la continuidad o el fracaso del proceso licitatorio", agregó al dictamen.

Luego de avalar el proceso, Simón deja en manos de Suarez la decisión política. "Resulta atribución del Poder Ejecutivo previo considerar los riesgos de la existencia de escasez hídrica como de conflictos judiciales, decidir dejar sin efecto el procedimiento licitatorio o avanzar en su oportuna adjudicación", adviertió.

¿Y el laudo?

Mendoza, La Pampa y el resto de las provincias ribereñas se encuentran ahora a la espera de un laudo presidencial que debe resolver Alberto Fernández, luego de una votación que perdió Mendoza en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), que llevaría a realizar otros estudios más respecto al estudio de impacto ambiental de la obra.

Si bien Mendoza tuvo durante el gobierno de Mauricio Macri la situación prácticamente resuelta para no tener problemas a la hora de licitar y adjudicar, las cosas cambiaron drásticamente en la gestión de Fernández, ya que el ministerio del Interior que conduce Eduardo De Pedro decidió desarchivar un reclamo judicial que planteó La Pampa respecto a nuevos estudios ambientales.

Posteriormente, en una reunión del Consejo de Gobierno del Coirco, en la que participan los gobernadores, Mendoza perdió la votación 4 a 1 ya que los mandatarios consideraron que se debían hacer más estudios que los que habían hecho las universidades del Litoral y La Plata.

En este contexto, en Mendoza ya ven que la provincia está en una dificultad para adjudicar la obra hasta que no se apruebe el impacto ambiental: es decir hasta que no laude Fernández, e incluso creen que el Presidente no resolverá en el corto plazo.