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Feministas reclaman que todas las denuncias por violencia de género vayan a Fiscalía

Las organizaciones pidieron "una respuesta adecuada de la Policía". "Si interviene el fiscal, se puede lograr la exclusión de forma inmediata del violento de una vivienda familiar", señalaron.

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EL DIARIO digital

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General Pico (Agencia) – Tras la denuncia pública de Cintia Méndez, la expareja del hombre que se negó a abandonar la casa y se mató en ella al provocar una gran explosión y posterior incendio, las agrupaciones feministas locales no solo reclamaron que en sede policial se debe dar carácter de denuncia a las presentaciones de las víctimas que acuden por episodios de violencia, sino que todos esos expedientes deben ir directo a Fiscalía y no a las Defensorías Civiles, donde entienden que los trámites se demoran.

Cintia Méndez reveló días atrás, acompañada por militantes feministas, que concurrió a denunciar la amenaza de su expareja, Marcelo Hernán Díaz, quien le había advertido que no abandonaría la vivienda y la quemaría con ella y su hijo adentro. La mujer indicó que en la Comisaría Cuarta, en vez de tomar el caso como una denuncia, lo hicieron como acta de comunicación para evitar "un mayor conflicto" con el hombre y enviaron ese legajo a la Defensoría Civil. Diez días después, cuando un juez convocó a las partes a una audiencia, Díaz provocó un gran incendio y se mató, cumpliendo así con la amenaza de destruir el inmueble familiar.

Ante lo ocurrido, las agrupaciones feministas pidieron "una respuesta adecuada de la Policía ante las denuncias de violencia de género, ya que pareciera que no fueron suficientes las capacitaciones a los agentes estatales sobre la Ley Micaela".

Y advirtieron que "no se avizora sensibilización ni educación sobre violencia de género en la cotidianeidad de los que pertenecen a los organismos estatales, si no no hubiese sucedido lo que le sucedió a Cintia (Méndez)".

Explicaron sobre lo ocurrido en la Comisaría de la Mujer que la víctima "fue a radicar una denuncia y sus dichos fueron plasmados en un acta de comunicación en enero de la Ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Indagando, pudimos advertir que esta acta proviene de la Ley Provincial 1918 de violencia familiar intrahogar, que atañe a cualquier integrante de la familia, pero que no es aplicable a los casos pura y exclusivamente de violencia de género".

Pregunta

Las feministas cuestionaron en ese sentido: "¿Cómo le van a preguntar a una víctima de violencia si quiere dar a la presentación carácter de denuncia o de acta de comunicación, diciéndole que esta última obtiene una celeridad y logra medidas urgentes por parte de las Defensorías? Esta es información errónea".

Para advertir luego que "ese organismo (Defensoría Civil) está colapsado de casos de toda índole para atender y que, en definitiva, atrasa la resolución de los hechos denunciados. Si interviene el fiscal, se hace la denuncia, se puede lograr la exclusión de forma inmediata del violento de una vivienda familiar".

Y recordaron que "la toma de denuncias por parte de organismos, como Policía y el Poder Judicial, es un aspecto fundamental en la lucha contra la violencia de género. Es importante que estas instituciones estén preparadas y dispuestas a recibir y procesar adecuadamente las denuncias de las víctimas".

Para remarcar luego que "no se le puede preguntar a una víctima, en el estado de vulnerabilidad que se encuentra, qué carácter quiere darles a sus dichos, si denuncia, acta de comunicación, o exposición. Esto es una locura total".

Y exigieron "que las denuncias vayan directamente a Fiscalía y se tomen las medidas inmediatamente, y no 10 días después, cuando por medio de un acta de comunicación (del 12 de mayo del 2023) llegan a Defensoría los dichos de Cintia Méndez".

"Apelamos al Fiscal General que entienda que, si la mujer denuncia amenazas, violencia física o de cualquier tipo, y no precisa que sean lesiones graves, vayan a Fiscalía también, hasta las lesiones leves". "Todo esto atrasa la atención y resolución que corresponde a las denunciantes", reiteraron.

Señalaron también que "si hace falta, que el Superior Tribunal de Justicia evalúe la contratación de más personas, no explotar al que ya existe". Y apelaron por último "a la secretaria Liliana Robledo, a cargo de la Secretaría de la Mujer de La Pampa, para que intervenga inmediatamente y ordene esta situación ya que sabemos de su impronta y decisión".

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