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  • Farmacias de turno del día Lunes 20 de Septiembre de 2021

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Fernando Guillermo Luna Roldán (27 años) y Omar Roberto Álvarez (21) fueron condenados hoy a tres años de prisión en suspenso.

El hecho principal ocurrió en los primeros días de julio, cuando ambos imputados –movilizándose en una camioneta Toyota Hilux–, y luego de dañar la puerta de la vivienda de un campo ubicado en la intersección de las rutas provinciales 20 y 23, sustrajeron un sillón de un cuerpo, dos sillones de tres cuerpos (uno tipo sofá-cama), una mesa de madera, una caldera de agua, un purificador de agua y un termotanque de 120 litros. Durante un allanamiento en el domicilio de Luna Roldán se hallaron la mayoría de esos objetos.

Además, en la misma vivienda, la policía secuestró una carabina calibre 22 que, de acuerdo a un informe oficial del Registro Provincial de Armas, no estaba registrada. A su vez, el acusado tampoco estaba inscripto como legítimo usuario, ni habilitado para su tenencia y transporte en ninguna de sus categorías (uso civil-uso condicional).

Con respecto a Álvarez se probó, en otro legajo, que amenazó a una mujer al escribirle por la red social de la hija de la víctima: “Debería de pegarle un tiro a la vieja de mierda que me mató mi perro, pero perdé cuidado que esto no se queda así… Le voy a pegar un tiro a la vieja… de tu mamá”, le dijo.

Dos después más tarde le envió otro mensaje: “Se va arrepentir toda su… vida esta vieja por haberme matado el perro. Te vas a quedar sin nada, te vas a querer matar… ya vas a ver. Tiempo al tiempo”. Ello ocurrió entre el 14 y el 16 de febrero pasado en 25 de Mayo.

La sentencia fue dictada por la jueza de control de General Acha, Laura Alejandra Moscoso Mendieta, luego de un acuerdo de juicio abreviado presentado por la fiscala de 25 de Mayo, Eugenia Paola Bolzan, la defensora oficial Nydia Beatriz Conde y los acusados. La propia magistrada, al informarles a las víctimas sus alcances, recibió el consentimiento de ellas.

Moscoso Mendieta dispuesto también que Luna Roldán y Álvarez tendrán que cumplir con las reglas de conducta durante tres años (fijar residencia, someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras y, en el caso del segundo, abstenerse de contactarse con la damnificada por las amenazas).​