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La Sala B del STJ confirmó el fallo del TIP que anuló la prescripción del juicio penal al empresario De Franco por desalojar el campo de Limay Mahuida.

El fallo de los jueces José Sappa y Eduardo Fernández Mendía de este lunes, no hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el defensor particular de Antonio Santiago De Franco, contra el pronunciamiento dictado por el T.I.P. con fecha 15 de diciembre de 2020.

Además ordenó que se fije "con carácter urgente la fecha para la realización de la correspondiente audiencia de debate, teniendo en consideración la situación epidemiológica actual".

El juez Andrés Olié, el fiscal Guillermo Sancho y el defensor particular de De Franco, Luciano Sacco acordaron la prescripción de la causa. Pero el abogado José Cedrúan Gutiérrez,  defensor del puestero Simplició Albornoz apeló esa sentencia. 

En el acuerdo, el juez Olié no consideró  los días de feria judicial ordenados por la pandemia.

Antonio De Franco está sospechado de apropiarse de unas 200.000 hectáreas en el oeste pampeano, entre ellas donde Simplicio Policarpo Albornoz residía desde hace décadas.

Desde la década del 90 se ha desalojado a una decena de familias en la zona de Limay Mahuida.

El abogado querellante, José Bibiano Cedrún Gutiérrez, dijo en su momento que los hermanos De Franco hicieron unos 20 kilómetros de alambrado a la vera del lote 6, que linda con los lotes 5 y 10. Posteriormente reclamaron a la empresa Compañía Sudamericana, que figuraba como titular registral del citado lote 6, que les abonara el 50 por ciento de lo insumido por el alambrado, es decir, unos 60.000 dólares.

La empresa no respondió al reclamo y, entonces, los De Franco hicieron una presentación judicial. El Juzgado Civil 5 trabó el embargo del lote 6 y ordenó la subasta que se hizo el 10 de abril de 1999. Los compradores fueron, precisamente, los hermanos De Franco. El Lote 6 estaba ocupado por Simplicio Albornoz, a quien posteriormente intentaron desalojar.

En 2010, los De Franco hicieron nuevos alambrados. Esta vez, empezaron a cortar el paso por caminos vecinales y a una aguada. Cedrún Gutiérrez advirtió que “la adquisición no fue de tan buena fe” y que “cuando lo alambran al Lote 6, sabían que la titular registral, la Compañía Sudamericana, no existía más”.

“Inician un juicio, una demanda, a una compañía fantasma. Sabían que iban a ganar el pleito y lo ganan. Como no logra cobrar, piden y logran la subasta. Y se quedan con ese lote. Se hizo todo en una apariencia de legalidad”, manifestó el abogado.