Gregoire y Martínez, a un paso de ser juezas de Control de Santa Rosa y 25 de Mayo

La Comisión de Peticiones de la Legislatura pampeana se reunió, presidida por Silvia Larreta, para tratar la propuesta del Poder Ejecutivo para la designación de dos nuevas juezas de control: María Elena Gregoire en Santa Rosa y Daniela Martínez en 25 de Mayo. Ambas postulaciones fueron analizadas y obtuvieron dictamen favorable de la mayoría, aunque la minoría fijó su posición en disidencia y anunció que la expresará en el recinto.

Daniela Martínez, abogada y escribana pública nacional, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en el Poder Judicial de La Rioja, incluyendo una experiencia significativa en un Juzgado de Violencia de Género, fue la primera en exponer. Martínez relató cómo su llegada a La Pampa se concretó con la virtualización de los cursos de formación judicial, permitiéndole asumir como jueza de control sustituta en 25 de Mayo en abril de 2023, localidad donde también subrogó la judicatura regional letrada por más de seis meses. La abogada subrayó el sacrificio personal que implicó la mudanza y el alejamiento de su familia, pero afirmó haber asumido el desafío con determinación. Durante la ronda de preguntas, Martínez fue consultada sobre la celeridad en los casos de usurpación y la eficiencia en la resolución de causas como jueza sustituta. Al respecto, aseguró que todas las causas bajo su gestión han sido resueltas en tiempo y forma, manteniendo el juzgado al día en sus tareas, y explicó que el tipo de resoluciones varía según la política criminal del Ministerio Público Fiscal y las variaciones estacionales de los delitos.

Posteriormente, la abogada María Elena Gregoire, con una sólida trayectoria en el Poder Judicial pampeano desde su formación en la Universidad Nacional de La Pampa, presentó su propuesta para el Juzgado de Control de la Primera Circunscripción Judicial en Santa Rosa. Gregoire, quien ha ocupado diversos cargos como secretaria en el Superior Tribunal de Justicia y en el Tribunal de Impugnación Penal, además de su actividad académica como docente de Derecho Procesal Penal, abordó dos temas centrales en la ronda de preguntas: la baja de la edad de imputabilidad penal y el juicio por jurados. La letrada expresó su desacuerdo con la disminución de la edad de punibilidad, argumentando que la legislación argentina está en sintonía con las recomendaciones internacionales que consideran a los adolescentes "personas en desarrollo" y sugieren edades mínimas de 15 o 16 años. Sostuvo que bajar ese umbral podría generar responsabilidad internacional para el Estado argentino. En cuanto al juicio por jurados, Gregoire manifestó que, desde su perspectiva, es aplicable a todos los delitos, ya que si una persona es capaz de ser imputada, también lo es de participar en un jurado para evaluar si una conducta constituye un delito, con posibles excepciones para casos de alta complejidad técnica.

Además de estos importantes nombramientos judiciales, la actividad legislativa abarcó otros frentes. En la Comisión de Legislación Social y Salud Pública, se trataron varios proyectos de resolución. Entre ellos, se solicitó al Poder Ejecutivo informes sobre la ejecución de programas de prevención y asistencia de la violencia familiar, haciendo hincapié en la necesidad de datos oficiales para evaluar el cumplimiento de la ley 24.417. También se pidió información sobre medicamentos en cuarentena y la fiscalización de los mismos, así como detalles sobre las supervisiones realizadas por el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes en el marco de la Ley Provincial N° 2703. Un tema sensible fue la solicitud de informes al Ministerio de Salud sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a un fallo de la Cámara Civil de Apelaciones de Santa Rosa de 2021, que estableció la responsabilidad del Estado provincial por omisión en sus deberes como organizador del sistema de salud mental, señalando la inexistencia de un registro oficial de dispositivos habilitados. Unánimemente, los diputados también acordaron solicitar a los legisladores nacionales por La Pampa la urgente declaración de la Emergencia Pública en Salud Mental y Adicciones.

Finalmente, en un plenario de las comisiones de Legislación General y Legislación Social, se obtuvo dictamen favorable por unanimidad para un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Este proyecto establece en tres años el requisito de "tiempo de permanencia en cada grado" para los agentes egresados de la carrera de "Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la Formación Policial". El subsecretario de Formación y de Servicios de Seguridad Privada, Marcos Luis Cernivelli, explicó que la iniciativa busca corregir una situación que afecta a los oficiales egresados después de 2011, quienes al cumplir 30 años de servicio no logran acceder al grado de comisario general, a diferencia de sus colegas anteriores a esa fecha. Se busca garantizar la igualdad de condiciones para todos los oficiales y asegurar que la institución policial no se quede sin comisarios generales en el futuro. El proyecto también contempla adelantar el curso de ascenso para los oficiales principales.