Pusieron un secretario como nexo para que Díaz Lacava pueda trabajar

El miércoles de la semana pasada, la Cámara de Casación Penal afectó, con carácter provisorio y de forma excepcional, al secretario de ejecución penal, Matías Costa, para que comience a actuar de nexo entre el juez del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Pablo Díaz Lacava, y los otros dos integrantes del tribunal. La idea es que pueda seguir ejerciendo su función a pesar de la medida cautelar de restricción de acercamiento y de contacto que dispuso el juez federal, Juan José Baric, en el marco de la investigación penal que se abrió después de que los tres secretarios del TOF lo denunciaran por maltrato laboral, hostigamiento y violencia de género.

La presidenta de la Cámara, Ana María Figueroa, dispuso a un funcionario judicial a la nueva tarea con el objeto de lograr el buen funcionamiento de la labor judicial, a partir de una presentación en ese sentido, efectuada por los jueces José Mario Tripputi y Marcos Aguerrido, del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. En la resolución, estableció que queda a cargo de la presidencia del tribunal asignarle las funciones que correspondan para actuar de "nexo" y permitir que el juez Pablo Díaz Lacava pueda cumplir sus funciones.

Además, según pudo confirmar El Diario, el viernes de la semana pasada, el presidente del TOF, Marcos Aguerrido, le envió un listado de causas para que Díaz Lacava se aboque a resolverlas. De esta forma, el tribunal intenta desbaratar la movida de Diaz Lacava, quien la semana pasada, a través del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, amenazó con realizar una presentación en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño contra Aguerrido -también contra el juez Baric- por interpretar que la cautelar impone una situación de virtual suspensión del magistrado denunciado, una irregularidad, ya que esa sanción solo es facultad de ese propio órgano.

La fiscala Iara Silvestre tiene a cargo la investigación por delegación de Baric. Ya tomó declaración a los tres denunciantes. También a casi todo el personal del organismo, a uno de sus colegas del tribunal y esta semana continúa tomando declaraciones.

Desde que comenzó a intervenir la fiscalía, también los tres secretarios que presentaron la denuncia a través de un mail, Alina Trento, Jorge Ignacio Rodríguez Berdier y Ricardo Javier Sequeira González, la ratificaron ante la fiscalía. Además, uno de los tres jueces del tribunal, Marcos Aguerrido, prestó declaración en la causa. Aún no lo hizo el juez José María Tripputi.

En la fiscalía y en las partes, aguardan una resolución de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, que tiene en la mesa la apelación de la medida cautelar que presentó el defensor oficial del juez denunciado, Carlos Riela. Alegan que es "excesiva" la restricción de acercamiento y de contacto no solo con los denunciantes, sino con todo el personal del juzgado y con los otros miembros del tribunal.

De hecho, advierten que es una "suspensión" de hecho. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez anticipó a El Diario que presentarán una denuncia por "mal desempeño" en sus funciones ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Juan José Baric -que dispuso la medida- y contra el presidente del TOF de Santa Rosa, Marcos Aguerrido, si no toma medidas para permitirle trabajar y salir del "confinamiento" en su casa que le impuso, según interpretan, la cautelar.

Cabe recordar que hace una semana y media dos secretarios y una secretaria de ese tribunal presentaron la denuncia contra el juez. La causa que impulsó la fiscala Iara Silvestre y el juez Juan José Baric, ante la presentación, es por "Amenazas, Coacción, Abuso de Autoridad, Violencia de Género, Maltrato Laboral y lesiones".

El escrito llegó acompañado por una nota de los otros dos jueces del TOF, Marcos Aguerrido y José Mario Tripputi, quienes respaldaron la denuncia. Hace quince días se habían reunido con el juez para reclamarle que cesara en sus actitudes, pero, aparentemente, no hubo eco. El juez Baric dictó una restricción de acercamiento de Díaz Lacava, que no puede ingresar al edificio a partir de esto.

El Diario accedió en forma exclusiva a la presentación en la que dijeron que vivían "un infierno". "Es la única forma de actuar para evitar males mayores", explicaron los tres denunciantes. Los hechos denunciados apuntan a la posible comisión de delitos como agresiones, abusos de autoridad, violencia laboral y maltratos, violencia de género, hostigamiento y amenazas.

En el requerimiento que hizo la fiscalía, figura que los denunciantes destacaron "el carácter dominante e intempestivo del doctor Díaz Lacava". En la denuncia afirmaron "haber presenciado sus gritos y ataques de ira; el destrato a distintos periodistas en reclamo por sus publicaciones; a funcionarios policiales y penitenciarios, cuando comenzaron los problemas por el cupo para detenidos; situaciones de maltrato para con el personal de otras áreas del poder judicial (como la Dirección de Tecnología y la de Arquitectura del Consejo de la Magistratura de la Nación) cuando encabezó diversos reclamos por materiales, recursos, etc. Incluso, hasta la por entonces presidenta del Consejo de la Magistratura, doctora Gabriela Vázquez. Como así también que, luego de cada uno de estos episodios, siempre arremetía contra los secretarios, que quedaban absorbidos por estos conflictos, afectados y cada vez con menos herramientas de gestión".

También expresaron haber sido testigos de cómo una secretaria de ejecución penal ya jubilada, "tuvo que terminar su extensa carrera judicial con un parte médico psiquiátrico de larga evolución por el hostigamiento que recibió por parte del juez Díaz Lacava".

Refirieron que el juez "siempre invoca supuestos fines superiores para descargar su personalidad irascible y violenta, lo que solamente es una fachada que le permite abusar con perversidad de las facultades que la ley le confiere en su condición de juez de cámara".

En el escrito, indicaron que "siempre intentaron el diálogo pero la sucesión de ataques de ira y el maltrato de Díaz Lacava llegaron al punto límite de casi paralizar su actividad como secretarios del tribunal, con consecuencias físicas y psicológicas, incluyendo a otras funcionarias y empleadas".