Reclamo y conflicto laboral en las unidades que supervisan condenados

Los trabajadores exigen a las autoridades del Ministerio de Seguridad que retomen las reuniones paritarias a efectos de arribar a un acuerdo donde se reconozca el riesgo psicofisico, mayor responsabilidad, licencia profiláctica, jerarquización de los equipos de trabajo profesionales y administrativos , entre otros. 

Al día de la fecha los integrantes de las Unidades de Abordaje de personas en conflicto con la ley llevan más de cuatro meses en cuarto intermedio desde la primera reunión con representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia.

A su vez, otras dos semanas pasaron desde que notificaron por nota al Secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaa de las medidas de fuerza que se tomarían en caso de que no se retome la negociación paritaria.

El conflicto, surgido por el cuadro de precarización laboral que atraviesan los equipos profesionales de las Unidades de Abordaje, Supervisión y Orientación de las personas en conflicto con la ley penal, del Ente de Políticas Socializadoras pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Provincia de La Pampa alcanza a las sede de General Pico, General Acha, Santa Rosa y Victorica. El reclamo se inició en 2022 y se extiende hasta la fecha. 

Este lunes las Unidades de Abordaje sólo recepcionaron la firma de las personas supervisadas. "Esto quiere decir que no se realiza supervisión de las personas condenadas, entrevistas, intervenciones o cualquier otro tipo de actividad que implique una labor activa de los profesionales que integramos dicho organismo, esta situación parece no importarle a los autoridades a cargo de nuestro ministerio Horacio Di Napoli, al Subsecretario de Protección Ciudadana, Hector Iervasi, la Directora de coordinación del ente de politicas socializadoras, Viviana Rodriguez y al Subdirector de coordinación del ente de politicas socializadoras social Maximiliano Bassi".

Se vulnera a diario los derechos de los trabajadores, de los usuarios de este organismo y a la comunidad en general. Evidentemente que las personas condenadas cumplan con las reglas de conducta impuestas en su condena no es prioridad para este gobierno provincial.

La intervención con las personas que ejercieron violencia de genero tampoco es prioridad, solo es un slogan de campaña.

En la provincia hay aproximadamente 1000 condenados en libertad, de los cuales el 40% por violencia de genero y el 20% por abuso sexual, el 40% restante corresponde al resto de los delitos.

Todos ellos bajo el control , supervisión y acompañamiento de 15 personas - entre profesionales y administrativos -.