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El ministro de Desarrollo Social dijo que no buscan “romper la tarea” de las organizaciones sociales, tras la acusación de la CCC y el Movimiento Evita, y que el reempadronamiento es "personal y obligatorio" y se gestiona por una web de Nación.

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Diego Álvarez, salió a responderle a la Corriente Clasista Combativa y al Movimiento Evita, que acusaron al Gobierno provincial de querer “debilitarlas” a través del reempadronamiento de beneficiarios de planes sociales.

El funcionario dijo que no hubo llamados desde su cartera para pedir contraprestaciones en el Estado provincial y que ese reempadronamiento, que es personal y obligatorio, se realiza a través de una web del Gobierno nacional, el portal Argentina.gob.ar.

“Nuestro rol es el de buscar dignificar a las personas, en este caso a través del trabajo. Por eso adherimos y promovemos programas de capacitación y formación, para que la mejora en la calidad de vida de las familias sea real. De ninguna manera buscamos romper con la tarea que llevan adelante distintas organizaciones que tienen representación en La Pampa”, señaló en declaraciones difundidas por la Agencia Provincial de Noticias.

“Es una falta completa a la verdad que tengamos esa intención. De hecho, logramos acuerdos y estamos trabajando en forma conjunta con varias organizaciones sociales, y lo vamos a seguir haciendo”, agregó.

El Programa “Potenciar Trabajo” tiene como objetivo “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”, destacaron desde Casa de Gobierno.

Además, remarcaron que "las unidades de gestión son las responsables de generar los proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios mediante los cuales se puede certificar la participación en el programa y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria". Esas unidades de gestión pueden ser "gubernamentales (municipios y provincias) o no gubernamentales (ONG)".