El disparador de la investigación

Uno de los disparadores de la investigación fue una comunicación entre el médico Jorge Rigutto y el médico Pablo Véliz. Véliz tenía incidencia en el informe sobre la salud del cirujano, y eso determinaría si podía estar en prisión común o si necesitaba permanecer en su domicilio.

El 9 de noviembre Rigutto le pidió a Véliz que pase por la casa que tenía "números que arreglar". Entonces Véliz llamó al fiscal, "preocupado", y mantuvo una reunión con Walter Martos, Guillermo Sancho y Maximiliano Paulucci en la que el médico dice que "evidentemente se aludía a una coima", dijeron los fiscales.

Sancho contó que en ese encuentro el profesional adelantó que él entendía que Rigutto estaba en condiciones de estar alojado en un lugar de detención común. A partir de ahí se hizo una presentación, ante la sospecha de que estaba en curso un delito, "lo cual se ve fortalecido después, cuando Véliz llamativamente cambia lo que había dicho y hace un informe aconsejando la prisión domiciliaria. Llamó mucho la atención", dijo el fiscal.

El 14 de noviembre se piden las intervenciones telefónicas. "No podemos ser ingenuos, una maniobra se estaba orquestando y no era salir a la pesca de un delito o hacer prevención, no se pueden intervenir teléfonos para eso; acá había una sospecha razonable y lógica y por eso se pidieron las intervenciones telefónicas. Y no se estaba aventurando o tirando cualquier número para intervenir. Como las escuchas eran de interés, se fueron haciendo prórrogas de las intervenciones en plazos de 15 días", aclaró el Ministerio Público Fiscal.

A Rigutto se le imputa diseñar y ejecutar un plan para obtener la prisión domiciliaria. Tuvo colaboración y participación de un enfermero y de profesionales médicos. Para favorecerlo en los informes y lograr ese beneficio, se le requería al enfermero que falsificara información. Esa información se usó para elaborar los informes en base a los cuales el juez resolvió la prisión domiciliaria.

El robo de electrocardiogramas

Siempre según la acusación, combinaba la elaboración de informes médicos falsos con Farías González, con la misma intención. Los informes incluían lo que puntualmente sugerían Rigutto y Toulouse. Ese incluyó la sustracción de tres electrocardiogramas de una mujer fallecida y su uso como si hubieran pertenecido a Rigutto para aparentar una patología que no tenía.

Todo esto ocurrió a partir de octubre del año pasado, desde que interviene el juez Martín Míguez, hasta el 28 de diciembre en que hay una audiencia que resuelve la prisión preventiva.