"Bravo no conocía que hubiera trata o prostitución"

Este miércoles desde las 9 horas alegan los abogados Gastón Gómez y Juan Resia, que ejercen la defensa del exintendente David "Sapo" Bravo, quienes adelantaron el pedido de absolución en el juicio por trata de personas que se sigue en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. Puede haber réplicas y también la última palabra de los imputados al final del alegato. El veredicto está previsto para el 15 a las 10 horas. El día anterior se escucharán réplicas, dúplicas y últimas palabras de los imputados.

El abogado Gastón Gómez, en primer lugar, pidió la nulidad de la causa por la teoría del "fruto envenenado", es decir, cuestionó la legalidad del primer allanamiento al local, que haría caer todo el resto de las pruebas generadas a partir de ese paso inicial.

En segundo término, también adhirió a la interpretación que hicieron las otras defensas, respecto a que estaría prescripto el delito que se le imputa al jefe comunal. Cabe recordar que los hechos que se juzgan se sucedieron entre 2010 y 2012.

"Es irracional y para nada probada", dijo Gómez, respecto a la acusación de la fiscalía. A partir de allí, desgranó una larga argumentación para intentar despegar a Bravo de la habilitación y control del local, responsabilidades que descargó en los escalones inferiores del organigrama municipal.

"En una organización como el municipio rige el principio de confianza, hay roles específicos para cada empleado, funcionario o director", expresó. "Había un organigrama claro de funciones. Bravo confió en el comportamiento adecuado de las otras personas, que eran garantes de sus funciones. Tiene que existir un filtro de imputación. No puede responder por terceros", alegó.

"Bravo era la cabeza de la estructura. Pero para las habilitaciones comerciales había distintos sectores que tenían la responsabilidad y daban garantías al intendente. Estaba la Inspección General con sus inspectores, Obras Públicas que hacía el control edilicio, Bromatología, la secretaría de Gobierno, el Juzgado de Faltas.

El abogado sostuvo que Bravo desconocía que hubiera trata o prostitución en el local, que primero estaba habilitado como wiskería y luego, a partir de la ordenanza que las prohibía, como un restobar.

"Bravo rubricó una habilitación porque confiaba en esas personas que fiscalizaron el expediente. Claramente, Bravo no sabía porque las personas que estaban bajo su confianza no se lo dijeron. Bravo no conocía de la prostitución o trata que pudiera haberse dado en ese lugar", remarcó.

"El intendente termina firmando, pero no está en la habilitación directa, sino en la garantía de sus empleados en el ejercicio de sus roles. Los inspectores declararon que nunca ubicaron alguna irregularidad o que les hiciera pensar que se diera la trata o la prostitución", insistió.

Gómez dijo que "con el diario del lunes todos tenemos la resolución, pero hay que posicionarse en 2010 o 2012, cuando esto (la ley nacional de trata) era totalmente nuevo y estaba en plena investigación y conocimiento". De hecho en Europa y España los prostíbulos siguen estando". "Le pedimos que por ser abogado e intendente debía conocer este hecho", reprochó.

En ese sentido, el abogado recordó que otros intendentes que también habilitaron este tipo de locales, en la provincia, no llegaron a juicios penales a acusados de este tipo de delitos. "Ni los propios especialistas tenían en claro como encaminar esta materia", interpretó.

Además, crítico a la fiscalía: "Le piden una pena igual a la autora del delito de trata. Esto es descabellado".

"Le imputan participación necesaria, que conocía, que colaboró. Tienen que probarle eso a Bravo, pero suponer que se sabía porque todo el mundo lo sabía en el pueblo no es una prueba. Debió saber que además de la prostitución se ejercían actos de trata", cuestionó.

"¿Cómo podía saber que eran personas vulnerables que eran explotadas sexualmente? Esto solo lo dice la fiscala. No hay pruebas ciertas, independientes, objetivas", opinó.

Las otras defensas

Cabe recordar que el lunes las defensas de la dueña del prostíbulo de 25 de Mayo, Nurys Caraballo Castillo, y un comisario acusado de encubrimiento, Miguel Ángel Oyarse, habían pedido la absolución de sus defendidos, durante los alegatos que formularon en el juicio por trata de personas que se realiza en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.

Además, el viernes de la semana pasada la fiscala federal Iara Silvestre había pedido una pena de 5 años de prisión para el exjefe comunal y actual concejal de 25 de Mayo, David "Sapo" Bravo, en el juicio por trata de personas con fines de explotación sexual. Además, pidió una pena similar para la dueña del prostíbulo, Nurys Caraballo Castillo, y tres años de prisión por encubrimiento para un comisario, Miguel Ángel Oyarse.

La acusación

La fiscala Silvestre había considerado el viernes pasado que quedó probado, en el caso de Bravo, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con la participación necesaria en el delito de trata de personas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores de 18 años mediando abuso de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual, cometido en perjuicio de más de tres víctimas y en el delito de sostenimiento de una casa de tolerancia. 

Caraballo fue imputada como autora de ese delito. Y el comisario Oyarse por encubrimiento.

 Silvestre argumentó que Bravo "sabía lo que pasaba" dentro del local cuando prorrogó la habilitación con otro nombre porque inclusive ya había salido el tema en los diarios. "Sabía lo que allí pasaba, tenía noticia por los medios y por denuncias anónimas, todo el mundo sabía que allí funcionaba un prostíbulo. Tenía 8 mil habitantes el pueblo, ¿todos sabían menos el intendente, que le hizo un trámite exprés en un día a esta señora para poder cambiarle el nombre?", planteó. También extendió esta argumentación al entonces comisario del pueblo.

"Ni Bravo ni Oyarse pueden decir que desconocían lo que allí sucedía", insistió, durante el alegato. En julio de 2010 ya había noticias en los diarios de las habilitaciones irregulares. Una de las pruebas fundamentales son las libretas sanitarias que las mujeres debían completar en el municipio, con controles ginecológicos y de enfermedades de transmisión sexual.

 Bravo está imputado por un delito relacionado a la trata de personas, ya que no dispuso ninguna medida para cerrar el cabaret Venus luego de que se dictara una ordenanza en setiembre de 2010 que prohibía la actividad. Además, está acusada la dueña del local (Venus y Caribian funcionó como prostíbulo entre enero de 2011 y octubre de 2012 según la acusación), Nuris Caraballo, y el comisario Miguel Oyarce.

Bravo cumplió con una condena del año 2013 a siete meses de prisión en suspenso y 14 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de abuso de autoridad. Fue por la habilitación irregular del cabaret "El Rancho". La Justicia Federal había condenado en 2010 a Omar Javier Ulrich, dueño de ese cabaret, a cuatro años de prisión. Fue la primera condena por trata de personas de La Pampa.